En la víspera, el funcionario estadounidense expuso que después de un análisis cauteloso que hicieron abogados de la Embajada de EE. UU. en Guatemala acerca de la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC), esta permitió la implementación del acuerdo y que este debe pasar por el Congreso solo si se utilizarán recursos nacionales, algo que no sucederá.
Pero a pesar de que las palabras de Claver-Carone coincidieron con las del presidente Jimmy Morales, quien a inicios de octubre dijo que el acuerdo se podría implementar sin que pase por el Legislativo, el vicepresidente Jafeth Cabrera advirtió de que esa será una decisión soberana del país.
“Cada país tiene independencia y reglas y procesos jurídicos. La Constitución es clara de en qué momento un acuerdo debe llegar al Congreso, está bien establecido y se ha hablado a la saciedad esta situación así que de momento nosotros seguimos con la misma hoja de ruta”, señaló el vicegobernante.
Según Claver-Carone, con su resolución la CC “sí permitió la implementación —del convenio— bajo ciertos requisitos” relacionados al financiamiento de este, y que toda vez el Gobierno de Guatemala no incurra en gastos no es necesario que lo apruebe el Congreso.
En ese sentido EE. UU. ya autorizó el desembolso de US$47 millones para la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para la implementación.
Debemos aprobarlo
Por el contrario, diputados consultados refieren que un acuerdo de esta naturaleza debe contar con el aval del Legislativo.
Oliverio García Rodas diputado independiente, considera que el acuerdo debe de llegar al Congreso si se firmó como Estado porque “así lo dice la Constitución, las leyes y un tribunal constitucional”, no obstante, estimó que será la próxima legislatura la que lo conocerá.
El diputado de Fuerza y ministro designado de Desarrollo Social, Raúl Romero, indicó que primero se deben conocer los detalles del convenio para saber si este debe ir al Congreso o si basta con la firma del Ejecutivo para echarlo a andar.
Sin embargo, considera que por lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, el acuerdo “debe de venir al Congreso”, y que “las resoluciones de la Corte nos gusten o no hay que acatarlas si se quiere vivir en un estado de Derecho”.
Juan José Porras, diputado de Viva señaló que actualmente hay una “nebulosa” que impide que se defina cuál es el camino que debe de seguir el acuerdo migratorio; sin embargo, afirma, este “debe de venir al Congreso”.
Al igual que García Rodas, Porras señaló que será la próxima legislatura quien conozca el convenio, y el próximo gobierno el encargado de implementarlo.
Reanuda ayuda
Mientras tanto el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, dio a conocer este miércoles que avaló la reanudación de entrega de fondos para Guatemala, El Salvador y Honduras, suspendida desde marzo de este año por orden del presidente Donald Trump, ante las pocas acciones de estos gobiernos para contener la migración irregular.
“Gracias a la política del presidente y a la respuesta de estos países, estamos observando grandes avances. Un ejemplo de esto son los Acuerdos de Cooperación de Asilo que se firmaron recientemente”, precisó Pompeo en un comunicado de prensa.
Reclaman información
Por su parte Pedro Bolo, canciller designado por el presidente electo Alejandro Giammattei, señaló que a la fecha no han recibido el acuerdo oficial firmado entre ambos países ni han sido invitados a alguna reunión para conocer el tratado.
“Como gobierno electo nuestra posición es que el gobierno actual nos incluya como invitados, que ha sido una solicitud reiterada, que ha desoído, de esta forma conoceríamos los avances y alcances de estos acuerdos para tener mayor claridad y aportar nuestras ideas”, indicó Brolo.
En cuanto a si el acuerdo debe o no se conocido por el Congreso, subrayó que se deben respetar las resoluciones de la Corte, aunque insistió en que para tener una postura más clara deben conocer el tratado firmado.
Acuerdo polémico
El acuerdo de asilo firmado el pasado 26 de julio entre el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, y el secretario de Seguridad Interna de EE. UU., Kevin McAleenan, mediante el cual Guatemala acepta la recepción de hondureños y salvadoreños solicitantes de asilo se ha enfrentado a una serie de críticas.
Entre los señalamientos que se hace al convenio es que Guatemala no tiene la capacidad de albergar a miles de demandantes de ese alivio migratorio y prueba de ello es que a la fecha apenas ha recibido cerca de 400 de las cuales hasta hace poco no había aprobado ninguna.
También el hecho de que el Gobierno de Guatemala fue incapaz de negociar beneficios para sus migrantes. Por ejemplo, a menos de 15 días de que se concretara la firma del convenio se produjo una gran redada en Misisipi donde 390 guatemaltecos fueron capturados, muchos ya fueron deportados y otros están en ese proceso.
Además, se firmó un convenio de visas temporales que otorgará apenas 24 mil de estas para trabajadores solo del sector agrícola cuando Honduras fue capaz de negociar que también se incluyera a trabajadores de la construcción.
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