Existe “la necesidad imperiosa de desescalar la tensión y no contribuir ni con la palabra ni con el gesto a incrementarla”, dijo el presidente, explicando que su comparecencia de este martes no es por “voluntad personal, ni obsesión, es por los resultados” del referéndum prohibido del 1 de octubre.
Sin embargo, el gobierno de España respondió con una negativa contundente a la propuesta del jefe del Gobierno catalán.
“El Gobierno no puede aceptar que se dé validez a la ley catalana del referéndum porque está suspendida por el Constitucional. La Generalitat no puede exhibir los resultados del 1 de octubre porque fue un acto ilegal y sin garantías”, dijo la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Saénz de Santamaría, en la primera reacción oficial del Ejecutivo al discurso de Puigdemont.
El Gobierno central adoptará este miércoles los próximos pasos tras consultar con los líderes de los distintos partidos políticos. El jefe del gobierno españo, Mariano Rajoy, señaló Sáenz de Santamaría, quiere “el máximo consenso político” para su reacción.
Rajoy comparecerá además mañana a petición propia en el Congreso de los Diputados en Madrid para informar de la situación.
De Guindos: Europa apoyará la respuesta de Madrid
Desde Madrid, el gobierno español de Mariano Rajoy promete actuar con firmeza si los dirigentes regionales avanzan con la ruptura y sobre la mesa está la suspensión de la autonomía regional o incluso decretar un estado de emergencia.
Pero las presionas nacionales e internacionales, así como la fuga de empresas y la incertidumbre económica, debieron moderar la postura de Puigdemont, que reclama una mediación internacional para solucionar el conflicto.
En juego está el futuro de un territorio estratégico para España, con una superficie similar a la de Bélgica, con un 16% de su población y un 19% de su Producto Interior Bruto. Y desde Madrid, no piensan quedarse de brazos cruzados.
Sobre la mesa está la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión del autogobierno de Cataluña, restaurado tras la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), o incluso decretar un estado de emergencia en la región.
Madrid cuenta con el apoyo de Europa, dijo en Luxemburo el ministro español de Economía, Luis de Guindos, asegurando que la respuesta al órdago catalán será la “adecuada”.
“Esto no es un tema de independencia sí, independencia no. Esto es un tema de rebelión contra el Estado de derecho y el Estado de derecho es la base no solamente de la convivencia en España sino también de la convivencia en Europa”, estimó De Guindos.
En los últimos cien años, el gobierno catalán ha proclamado en dos ocasiones la independencia, sin que llegara a materializarse. El primero en hacerlo fue Francesc Macià en 1931, y el segundo Lluís Companys, en 1934, lo que le costó ir a la cárcel.
Presiones de ambas partes
Las apelaciones al diálogo proliferan por Cataluña, España y Europa ante un choque institucional que profundizaría la división en la sociedad catalana, partida casi por la mitad sobre la cuestión.
“No nos podemos permitir poner en peligro ni la cohesión social ni las instituciones catalanas”, dijo el lunes la alcaldesa de Barcelona, la izquierdista Ada Colau, pidiendo a Puigdemont no declarar la independencia.
En el referendo del 1 de octubre, marcado por la violencia policial para impedir el voto en determinados colegios, sólo un 43% de los 5.3 millones de electores potenciales participaron, un 90% a favor de la secesión.
Muchos contrarios a la independencia, que el domingo se manifestaron por cientos de miles en Barcelona, optaron por abstenerse en esa consulta que consideraban ilegítima y sin garantías de neutralidad.
Puigdemont se encuentra también ante la presión de los suyos que no quieren renunciar a su sueño.
Después de años movilizándose y reclamando sin éxito un referendo acordado con Madrid, se consideran legitimados para declarar unilateralmente la secesión, especialmente tras las cargas policiales para impedir el referendo del 1 de octubre.
“La única forma de poder asumir un escenario de diálogo y de mediación con el Estado es poder hacerlo como iguales” tras proclamar la secesión, dijo Benet Salellas, portavoz del partido de extrema izquierda CUP, que sostiene al gobierno regional.
La economía tiembla
Ante este extremo, las empresas optaron por resguardarse: de las siete compañías catalanas en el selectivo bursátil español, seis trasladaron su sede a otras regiones españolas como los bancos CaixaBank y Banco Sabadell, o la energética Gas Natural.
“Es un reflejo claro del grado máximo de preocupación” del mundo empresarial, advirtió en un comunicado la principal patronal regional, Fomento del Trabajo, pidiendo a los independentistas frenar sus planes que podrían llevar “hacia la insolvencia económica”.
“Si lo hacen será un desastre pero en cualquier caso lo harán”, dijo a la radio Cadena Ser, avisando de que su marca seguirá el camino de las principales empresas y se irán de Cataluña.
“Lo que sí es seguro es que va a continuar el éxodo” de empresas, pronosticó.
