En conferencia de prensa, la funcionaria dijo que la derogatoria ya está vigente desde este 18 de octubre.
Esos acuerdos daban seguridad por tiempo indefinido a la exfiscal general y por cinco años a la exsecretaria general de la institución. Fueron reformados durante la gestión de Thelma Aldana y Mayra Veliz, respectivamente, y, de acuerdo con el Ministerio Público (MP), eso costaba Q6 millones.
Agregó que ella, una vez termine su gestión en 2022, recibirá solo la protección que otorga el Ministerio de Gobernación.
“No me voy a llevar ningún elemento de seguridad -del MP- sino atenderé, como buena profesional del Derecho, el acuerdo gubenativo que le corresponde al Ministerio de Gobernación brindar el esquema de seguridad para exfuncionarios, siempre y cuando anteceda el estudio que haga lo meritorio”, dijo.
Aldana, quien dejó el cargo en mayo de 2018 y fue proclamada, mas no inscrita como candidata presidencial, tiene dos órdenes de captura, por los casos de plaza irregular al abogado Gustavo Medrano en el Ministerio Público en 2015, así como la supuesta sobrevaloración y anomalías en la compra del edificio de la colonia Arrivillaga, zona 5, para la institución.
Aparte, en junio último, el Ministerio de Gobernación anuló el pasaporte oficial
Por su parte, un tribunal ordenó investigar a Veliz por su posible participación en una red ilegal cuando fue funcionaria de Migración.
Reacción
Aldana responsabilizó a Porras de lo que le ocurra a sus hijos y la culpó de haber violado las medidas decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
A partir de ahora señora Consuelo Porras usted asume la responsabilidad por la vida de mis hijos. Ha violado las medidas de seguridad decretadas por la CIDH y resoluciones de la PDH.
— Thelma Aldana (@ThelmaAldana) October 18, 2019
Protección
El acuerdo de protección para un exfiscal general fueron creados el 21 de marzo del 2002, firmado por Adolfo González Rodas, jefe del MP y modificado por Aldana por medio del acuerdo 80-2017, el 31 de julio del 2017, luego de dejar el cargo, exfiscales generales tienen derecho a seguridad y vehículos.
En el primer acuerdo solo se dispuso seguridad para exfiscal general y el jefe del MP disponía por cuanto tiempo otorgaría la protección.
Los cambios en julio de 2017 incluyeron resguardo a la exsecretaria general del MP.
El artículo tres del acuerdo 80-2017 determinaba: “El personal que se asigne a la fiscal general que entrega el cargo tendrá como mínimo tres vehículos asignados, incluyendo blindados y el equipo necesario para el cumplimiento de su función”.
En la normativa se asignaba personal y dos vehículos para la protección del secretario general.
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