Pineda Barales asume la presidencia del Organismo Judicial (OJ), lo que incluye, en pocos meses, encabezar la comisión postuladora para fiscal general, un puesto clave para la continuidad de la lucha anticorrupción.
¿Cómo asimiló su nombramiento como presidente de la CSJ?
Es un alto honor, privilegio, y le pido a Dios me dé sabiduría para desempeñarlo con eficiencia, transparencia y justicia. No ha sido fácil llegar hasta acá.
Un 17 de marzo de 1976 ingresé a trabajar al OJ. Toda mi vida la he aprovechado aquí; es mi familia.
Se habla de negociaciones privadas para apoyar su elección ¿Las hubo?
No hubo ningún arreglo (…) Recuerdo que el doctor Josué Baquiax fue quien propuso a la colega Delia Dávila y luego votó por mí, igual que Rafael Rojas, durante todas las votaciones apoyó a Dávila.
Toma la presidencia de la CSJ en un momento complicado. Se habla de sesgos en los procesos judiciales. ¿Los hay?
No creo que sea así, porque nosotros los magistrados de la CSJ somos abogados, somos especialistas en Derecho y tenemos una independencia judicial que nos permite aplicar la Ley, y debemos aplicarla como es. No vemos ni sesgos políticos, religiosos o de raza, porque sería discriminación.
Ahora se reciben muchos antejuicios contra diputados, alcaldes, incluso magistrados, y se habla de una judicialización de la política. ¿Se podría considerar así?
No se ha judicializado la política, el trabajo es normal. El problema es que cuando ingresa un antejuicio lleva cierto trámite, y existe la percepción de retrasos, pero no es así.
¿Hay presiones externas para las decisiones de la Corte?
Yo considero que eso depende del carácter de cada persona. Mi objetivo es ajustar mi presidencia al plano constitucional y las leyes internacionales.
La Constitución dice que si un funcionario judicial está siendo presionado, su obligación es denunciar, para que la persona sea objeto de investigación. Porque no hay mayor vergüenza que llevar un juicio bajo presiones y fallar bajo presiones.
Al momento de ser presionado, ¿denunciará?
La población puede confiar plenamente en que así va a ser. Obviamente vamos a tener detractores, pero desempeñaré el cargo de manera más transparente.
Cambia la presidencia. ¿Con eso cambia la relación del OJ con otras instituciones de justicia?
La relación con el Ministerio Público es excelente, al igual que con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y todas las instituciones relacionadas al tema judicial. Como repito, la buena relación de trabajo se va a mantener. No debe existir ninguna rivalidad.
¿Se contempla un trabajo más específico contra la corrupción?
Sí, estamos en eso, porque nuestra preocupación es fortalecer las instituciones, como la Defensa Pública Penal.
¿Cuál es su principal reto?
Llevar la justicia a todos los rincones de nuestra patria. En primer lugar, Guatemala es un país multilingüe y pluricultural, y necesitamos que los jueces tengan esa mística y puedan aplicar una justicia de acuerdo a la idiosincrasia de las personas.
Es necesario que el juez se identifique con la comunidad.
¿Cuál será su mayor desafío?
Ejercitar el cargo con transparencia. Que todas las erogaciones del OJ puedan ser fiscalizables, y se mire que todo el presupuesto se invierte en beneficio de la justicia, porque sabemos que ese el pilar de la democracia.
