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Catorce de los 18 diputados integrantes de la Comisión de Salud del Legislativo firmaron el dictamen desfavorable de la iniciativa y fue entregado a la Dirección Legislativa el pasado viernes a las 16.11 horas.
Entre las consideraciones para rechazar la iniciativa figuran los artículos 1 y 2 constitucionales que indican que el Estado debe proteger a la persona y la familia.
También se refiere al artículo 96 de la Carta Magna donde se dice que el Estado debe controlar la calidad de los productos alimenticios, farmacéuticos, químicos y todos aquellos que puedan afectar la salud y bienestar de los habitantes.
Mientras tanto, en las razones técnicas, la comisión asegura que no existe pruebas acumuladas para determinar que el impacto favorable o desfavorable de las políticas de uso de marihuana.
Marvin Orellana, diputado de Alianza Ciudadana y miembro de la Comisión de Salud, explicó que “se estuvo evaluando la posibilidad de darle dictamen favorable a la iniciativa, pero al ver la ley vemos que en Guatemala las circunstancias no son apropiadas”.
El congresista indicó que los laboratorios que verifican la regulación de los medicamentos están desfasados y antes de pensar en cualquier cosa hay que actualizarlos y modernizarlos.
Precedente
Esta no es la primera vez que se rechaza un intento de legalizar la marihuana en el país. En noviembre del año pasado la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales también rechazó la iniciativa 5053.
Dicha iniciativa disponía aprobar la ley para Regular el Cultivo, Producción, Distribución, Comercialización y Consumo Medicinal y Recreativo del Cannabis —marihuana— y sus Derivados, por considerarlo un proyecto “inviable, inoportuno e inconstitucional”.
Entre los argumentos que se presentaron para rechazar la iniciativa en esa ocasión estaba el artículo 56 constitucional que declara de interés social las acciones contra el alcoholismo, la drogadicción y otras causas de desintegración nacional.
Además el artículo 94 de la Carta Magna dice que el Estado tiene obligación de velar “por la salud y la asistencia social a todos los habitantes”.
Otro argumento presentado fue que Guatemala es signatario de la Convención Única sobre Estupefacientes, desde marzo de 1963 y que entró en vigencia desde diciembre de 1967, por lo cual sería inviable la iniciativa.
En esa ocasión, Álvaro Velásquez, diputado ponente de la iniciativa, opinó que había un exceso de legalismo en el dictamen y aseguró que a nivel mundial se está dando un cambio de paradigmas y que hay ejemplos en otros países.
“Por ejemplo en México el presidente envió una iniciativa de ley para que se discuta el tema, no estamos hablando de locuras”, aseguró Velásquez, quien agregó que seguirá buscando que la iniciativa avance.
