En representación del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala, Rafael Maldonado pidió el cierre definitivo de la mina y el reconocimiento de la existencia del pueblo xinca. Además, denunció tráfico de influencias entre la minera y el Gobierno de EE. UU.
Defienden a minera
Andrés Dávila, gerente de Comunicación Corporativa, explicó que la minera pidió que se mantenga la decisión de la Corte Suprema de Justicia que les permite seguir operando y que siga vigente la licencia.
“Creemos que los magistrados ya trazaron el camino para fallos similares y que se respeten esos fallos. (También) que se tome la decisión en el plazo que permite la ley de amparo, que es en no más de cinco días”, manifestó.
El proyecto El Escobal lleva sin operar 115 días y según la compañía el paro ha dejado pérdidas de más de Q600 millones para el Estado de Guatemala, en regalías e impuestos.
En la vista pública también participaron proveedores, trabajadores y el Ministerio Público.
Dávila compartió también la exposición de la abogada Gabriela Roca. La abogada expuso que Calas no está interesada en la consulta del pueblo, sino en suspender el proyecto. añadió, que “el amparo fue otorgado en violación de los presupuestos procesales, ignorando por completo la documentación presentada, y lo que sorprende más aun, es que el Tribunal habiendo relevado el periodo de prueba, otorga valor probatorio a documentos presentados dentro de un auto para mejor fallar, únicamente propuestos por la amparista y que distan por mucho de ser representativos para el caso”.
