Pese a las múltiples tácticas dilatorias para atrasar el caso conocido como La Línea, ayer el juez Miguel Ángel Gálvez resolvió enviar a juicio al expresidente Otto Pérez Molina, la exvicepresidenta Roxana Baldetti, la exsuperintendente de Aduanas Claudia Méndez, dos ex máximos dirigentes de la Superintendencia de Administración Tributaria y también a varios particulares y empresarios sindicados de defraudación aduanera y asociación ilícita.

El proceso estuvo cargado de polémica, porque una de las quejas recurrentes era que habían transcurrido más de dos años sin que hubiera culpables, pero muy pocos denunciaron las tácticas empleadas por los defensores, quienes aun durante el final de esta etapa trataron de boicotear la resolución definitiva del juez Gálvez, quien resistió hasta burlas para llevar este proceso a su siguiente etapa.

Con este fallo, los sindicados, entre ellos las más altas figuras del gobierno del Partido Patriota, quedan cerca de recibir una condena por la mayor defraudación tributaria cometida por agentes del Estado. Es probable que mucho de lo ocurrido se repita en la fase final y que el veredicto demore más de lo debido, porque esas han sido las tácticas de los delincuentes de cuello blanco cuando deben rendir cuentas ante la justicia.

Sin embargo, el sistema de justicia necesita de mucha mayor independencia para evitar interferencias, cerrar espacios a litigios maliciosos, tráfico de influencias y otros factores que entorpecen los procesos, lo cual apuntala la pobre percepción popular que se tiene sobre la justicia, porque con demasiada frecuencia se producen hechos inexplicables en los que invariablemente aparece mencionado el elemento corrupción.

El pasado miércoles, la Corte Suprema de Justicia enmendó la plana al magistrado Gustavo Dubón, quien días antes recomendó no retirarle el antejuicio a la junta directiva del Congreso encabezada por Arístides Crespo y Luis Rabbé, un fallo que había levantado fundadas sospechas porque este último, días antes de conocerse el levantamiento de cargos en su contra, huyó del país para evitar ser capturado.

Es saludable la resolución del juez Gálvez de enviar a juicio a figuras prominentes de la política, porque es la primera vez en la historia guatemalteca que personajes de tanta relevancia enfrentan a la justicia, pero también porque esta da muestras de sacudirse el compadrazgo y las presiones.

También ayer se volvió a repetir una escena del precario respeto a la justicia, cuando el alcalde capitalino, Álvaro Arzú, evadió de nuevo su cita con los tribunales y se hizo representar por un abogado, a pesar de las órdenes expresas de acudir de manera personal a presentar argumentos de descargo en su proceso de antejuicio por financiamiento electoral dudoso y por el uso de recursos públicos depositados en oscuros fideicomisos.

Fue sorprendente el hecho de que ese mismo día el embajador estadounidense, Luis Arreaga, haya visitado al alcalde. Es una falla de los asesores políticos del diplomático, porque provoca confusión acerca del mensaje, al no haber claridad sobre qué lectura se puede dar a la reunión con el segundo peor enemigo de la Cicig y la lucha contra la corrupción. El alcalde la señalará como una muestra de apoyo.