También recurrió la declaración de independencia, lo que fue admitido a trámite este martes por el Tribunal Constitucional.
El tribunal dio 24 horas al Parlamento catalán para que presente sus alegaciones.
Asimismo, advirtió a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y a sus otros dirigentes que deben “impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada”, so pena de responsabilidades, incluso penales, “en las que pudieran incurrir”.
Desde 2014, la justicia española ha anulado sistemáticamente las decisiones y resoluciones del ejecutivo y del parlamento catalanes destinadas a la organización de un referéndum de autodeterminación, que finalmente se organizó el pasado 1 de octubre, aunque sin garantías electorales habituales.
En base a él, los independentistas proclamaron la secesión, ahora suspendida.