“El procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade, ante los desalojos realizados por las fuerzas de seguridad en las comunidades Chab´il Cho´ch, Lívingston, Izabal, el 30 de octubre, y en La Cumbre, Tactic, Alta Verapaz, el 1 de noviembre, expresa su preocupación por lo acontecido”, dijo, en tanto, la PDH en un comunicado este jueves, donde enfatizó que su personal se hizo presente en esas localidades.
Ambas entidades instaron al Estado a respetar las garantías contenidas en tratados y pactos internacionales, como el mandato de que las familias deben ser reubicadas ante cualquier desalojo, para que no queden sin resguardo.
La organización Prensa Comunitaria, citada por la agencia EFE, denunció que el desalojo en Lívingston fue “ilegal y arbitrario contra el pueblo q'eqchi y las comunidades, que quedaron sin resguardo y cuyas casas fueron quemadas”, además aseguran que “detrás de este caso hay corrupción”.
Advierten de represión
El Comité de Unidad Campesina (CUC) de Guatemala advirtió este miércoles que los desalojos de comunidades indígenas como la de Chabilchoch (nororiente) del pasado 30 de octubre y en La Cumbre, en Tactic, Alta Verapaz “tienen todas las características de una escalada represiva”.
A la “escala de violencia” denunciada por el CUC se sumó la Asamblea Estudiantil Universitaria (AEU) de la Universidad de San Carlos (Usac), la cual acusó a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ejército de haber “quemado las viviendas, cultivos y ropas” de los desalojados, además de haberlos “dejado en la intemperie”, según cita la agencia EFE.
La Policía Nacional Civil confirmó que desplegaron 200 agentes para efectuar los desalojos en Chabilchoch, Izabal y Tactic, Alta Verapaz, en las cuales hubo presencia de delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh).
“La Policía Nacional Civil realizó dos desalojos en Izabal y Alta Verapaz, pero quien presidía y dirigía todas las acciones de seguridad era un juez competente, la policía no fue solo al lugar”, dijo Pablo Castillo, vocero de la PNC.
Castillo dijo que ninguno de los desalojos se tornó violento y que las familias por cuenta propia sustrajeron sus pertenencias de los terrenos que habían invadido “en ningún momento la policía tuvo que obligarlos a salir, ni mucho menos quemó sus viviendas”, detalló.
Castillo reiteró que no fue necesario utilizar la fuerza y que todo consta en las actas que supuestamente fueron levantadas por la PDH, la Copredeh y el mismo juez que encabezó el cumplimiento de la orden de desalojo.
