Rudy Arreola, coordinador de la Defensa Pública Penal (DPP) en Quiché, expuso que los reos amparados en los cargos de jefes de sector controlan la cárcel preventiva, mencionó que el hacinamiento en ese lugar es una “bomba de tiempo” y puntualizó el riesgo que existe al tener la cárcel dentro de la ciudad.
Arreola señaló que la realidad del Preventivo es “insostenible” hay denuncias por muertes de internos que fueron golpeados por no pagar la denominada talacha, el ingreso de celulares y la posible complicidad de guardias del Sistema Penitenciario (SP) implicados posiblemente en ilícitos cometidos dentro de ese lugar.
Selvin García, director interino del Preventivo, expresó que su plaza en el Sistema Penitenciario (SP) es de guardia, pero actualmente tiene a su cargo la cárcel porque Presidios no nombra un director.
García reconoció que el SP tiene falencias y comentó que la situación de los guardias no es nada alentadora.
El encargado hombres manifestó que no hay transporte para trasladar a los reos a los tribunales en otros departamentos. Para llevar a un reo a otro lugar los guardias usan la estrategia de “banderas” que consiste en transbordar al reo varias veces hasta llegar a su destino.
Según García, la cárcel preventiva en Santa Cruz del Quiché no llena los mínimos requisitos para albergar a reos de alta peligrosidad, “fue adecuada para recibir a un número específico de reos, pero está rebasada en su capacidad”, denunció García.
Cecilia Barrios, presidenta de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, manifestó que es importante retirar del centro de la ciudad el preventivo y puso como ejemplo los incidentes violentos en Jalapa donde se podría vivir una situación similar en Quiché.
La Municipalidad de la cabecera departamental ofreció donar un terreno fuera del casco urbano para edificar la nueva cárcel preventiva, para Barrios, el ofrecimiento hay que aprovecharlo, pero explicó que un tropiezo sería conocer si el Ministerio de Gobernación tiene recursos para invertir en la construcción.
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Francisco Pérez Reyes, alcalde de Quiché, lamentó que la cárcel se ubique dentro de la ciudad y en cambio la sede regional de la Universidad de San Carlos de Guatemala esté a más de dos kilómetros del casco urbano, “Los vecinos que viven a la par de la cárcel temen por alguna fuga o un motín”, expresó el jefe edil.
En la mesa técnica también se habló de construir una cárcel para mujeres. En la actualidad, las detenidas son enviadas al Preventivo para Mujeres de Quetzaltenango. “Muchas féminas son detenidas por faltas y su traslado hacia –los tribunales en– Quiché se complica, afirmó Barrios.
Pérez Reyes reiteró el ofrecimiento de donar un terreno fuera del casco urbano para construir la nueva cárcel, mencionó que para ceder la tierra requieren de una solicitud por la propiedad y socializar con los vecinos el nuevo lugar del Preventivo para evitar la posible oposición de la población, “ojalá que estos trámites no se queden en reuniones para tomar café”, comentó el alcalde.
El encargado de la prisión mencionó que es importante que los jueces no envíen más reos a ese lugar sobre todo los señalados por faltas y de esa forma evitar el hacinamiento.
Denisse Morales, representante del Organismo Judicial (OJ) argumentó que una solución al problema podría ser construcción de carceletas en los juzgados para albergar a los detenidos por faltas. La mayoría de edificios que utiliza el OJ en Quiché son rentados y no pueden construirse, además se necesitaría de presupuesto por parte del SP para asignar guardias.
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