A  cinco años de haber asumido un compromiso voluntario de construir un programa de protección a periodistas, como ha solicitado el Consejo de Derechos Humanos, y de haber aceptado las nueve recomendaciones que hicieron los países en 2012, la delegación del gobierno guatemalteco fue evaluada ayer por tercera ocasión, por el mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU), en la sede de la ONU en Ginebra.

Su comparecencia fue precedida por un informe engañoso en el cual aseguraron que estaba en marcha el mecanismo de protección. La delegación estuvo encabezada por el doctor José Luis Borrayo, presidente de Copredeh, quien estuvo acompañado por la Embajadora Carla Rodríguez; un delegado de la Cancillería, de la Corte Suprema, del Ministerio Público y el jefe del Jurídico del Ministerio de Gobernación, quien ha desobedecido la orden del presidente Jimmy Morales que avaló la propuesta del gremio y ha sido el principal obstáculo para que el Estado honre su palabra.

El caso de Guatemala concita gran interés internacional, por la delicada situación que atraviesa el país, por la lucha contra la corrupción, por la situación de pobreza y pobreza extrema, así como la desigualdad, la situación de la niñez y de los pueblos indígenas, la violencia contra las mujeres y las niñas, la población LGBTI, así como por la vulnerabilidad de los periodistas y comunicadores sociales.

Cerigua y Reporteros sin Fronteras presentamos en su oportunidad ante el Consejo una contribución voluntaria en la que hicimos ver el escenario peligroso y el ambiente hostil de trabajo para periodistas y comunicadores, mostramos el incremento del número de periodistas asesinados desde la última evaluación del país a la fecha, cuando registramos 18 casos de muertes violentas de comunicadores y colaboradores de medios.

La alianza de entidades de prensa, integrada por 16 miembros, ha recorrido todas las oficinas de los principales funcionarios para que se haga efectiva la orden del presidente de iniciar la construcción del Programa, ha hecho grandes esfuerzos para posicionar el tema en agenda mediática, se ha reunido con integrantes de la CIDH, con el relator de la Libertad de expresión de dicha Comisión. Ha entregado informes al relator de la ONU; ha recibido la solidaridad de las más importantes entidades internacionales de defensa de la libertad de expresión y de prensa que enviaron mensajes de preocupación por la indiferencia de las autoridades ante los peligros que los periodistas enfrentan y respaldaron nuestra demanda de protección

Cerigua realizó un lobby en Ginebra, en donde expuso a varias misiones el incumplimiento de la implementación del Programa y de la falta de acciones de prevención. Durante la evaluación, Francia, la Santa Sede, Indonesia, Reino Unido, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Grecia, Chile y Venezuela recomendaron la aplicación de programas de protección a periodistas y a medios de comunicación y que se proteja la libertad de expresión y de prensa; otros países solicitaron proteger a defensores de derechos humanos, entre ellos los periodistas.

Lamentamos que el presidente de Copredeh no quiso ratificar el compromiso voluntario cuando ayer se lo preguntamos en Ginebra, argumentando que están en el proceso, y que el abogado Lam de Gobernación dijera que el “acuerdo gubernativo que da vida al programa de protección de los periodistas se encuentra dentro de las consideraciones de los requisitos legales y administrativos que se deben cumplir para su emisión”, un galimatías para justificar el incumplimiento después de dos años de que el presidente avaló nuestra propuesta