La fiscalía pide provisionalmente para ellos penas de hasta ocho años de cárcel, en uno de los casos, aunque el juicio se ha suspendido en diversas ocasiones por la imposibilidad de localizar a las víctimas.
Los hechos se remontan al 23 de junio del año 2006, cuando un ciudadano guatemalteco fue sorprendido robando, presuntamente, en casa de un inspector de la Policía Local de Torrevieja, que tenía su teléfono intervenido por orden judicial en el marco de una investigación por tráfico de drogas.
Varias patrullas se desplazaron hasta el domicilio y los agentes detuvieron al presunto ladrón y a su entonces compañera sentimental, a quienes trasladaron a dependencias policiales.
Los sospechosos fueron supuestamente amenazados, insultados y agredidos por cinco policías, quienes rehicieron el informe de la detención con el beneplácito de tres mandos para que hacer constar que se habían resistido y justificar así las lesiones que presentaban.
La fiscalía les acusa provisionalmente a los ocho acusados delitos de torturas, falsedad en documento oficial y omisión del deber de perseguir delitos.
En la causa llegó a estar también acusado el concejal de Seguridad Ciudadana de Torrevieja de aquellas fechas, Pedro Valero (PP), pero falleció el pasado mes de septiembre.
La investigación judicial de estos hechos incluye numerosas intervenciones telefónicas donde los implicados revelan que el presunto ladrón tenía “dos costillas rotas” junto a otras “lesiones graves” tras pasar diez horas en los calabozos.
Los implicados llegan a admitir en estas conversaciones que el detenido “está reventado por dentro”, por lo que deciden “rehacer el informe de prisa y corriendo” para que incluya que se había resistido a la detención y justificar así las lesiones que presenta.
