AI, con sede en Londres, entrevistó entre marzo y mayo a 64 emigrantes cubanos que estaban en tránsito en México, ya que la organización carece de autorización para hacer visitas oficiales a la isla.
Las más de 100 horas de entrevistas sirvieron de base para el informe “Es una prisión mental. Cuba: Mecanismos de control de la libre expresión y sus efectos intimidantes en la vida cotidiana”, que fue presentado en Ciudad de México.
“Las autoridades utilizan su control sobre el mercado laboral como una capa adicional de represión y para silenciar incluso las críticas más sutiles”, dijo la investigadora para el Caribe de AI, Louise Tillotson.
El informe señala que aproximadamente el 72 por ciento de la mano de obra de Cuba está empleada en el sector público y el resto en el sector privado o de cuenta propia que está fuertemente regulado.
De acuerdo con AI, “el uso desproporcionado del derecho penal y los despidos discriminatorios han resultado en la autocensura y un profundo clima de temor en Cuba”.
Tillotson afirmó que Cuba ha ratificado 90 convenios de la Organización Internacional del Trabajo, de los cuales uno tiene que ver específicamente con discriminación laboral, e indicó que al firmarlo Cuba está legalmente obligado a respetarlo.
“Los últimos años han sido un periodo agridulce para quienes confían en que las autoridades suavicen su política de puño de hierro con el que oprimen el derecho de la gente a la libertad de expresión y de reunión en Cuba”, señala el informe.
Pese a cierta apertura en el Gobierno de Raúl Castro, “quienes manifiestan incluso una desaprobación delicada, quienes se dedican al activismo político o quienes han intentado abandonar Cuba en las denominadas salidas ‘ilegales’ en balsa, son despedidos a menudo de forma indebida de su empleo en el sector público, o sufren el acoso del Estado”, agrega.
Un camarero empleado en un restaurante estatal contó a AI que lo despidieron de su trabajo el 2 de mayo de 2015 por no haber participado en la marcha del Día del Trabajo, mientras que un deportista dijo que había sido excluido de su deporte por criticar la falta de apoyo económico.
AI señaló que no es su papel hacer juicios de valor sobre los sistemas políticos o económicos de los países, sino analizar la situación de los derechos humanos, y en ese sentido pidió al Gobierno de Cuba permitir el acceso de observadores independientes.
La organización pidió a Cuba revisar las disposiciones legales, incluido el artículo 62 de la Constitución, que limitan el derecho a la libertad de expresión y asociación y abstenerse de usar términos que estigmaticen o discriminen como “desertores”, “traidores” y “contrarrevolucionarios” para las personas críticas.
El informe contiene también una recomendación para Estados Unidos: poner fin al embargo económico contra la isla.
Guevara calificó el embargo de un “ejemplo emblemático de las políticas nefastas” que terminan castigando a la población en su conjunto y lamentó que el Gobierno de Donald Trump haya regresado a la “retórica de la Guerra Fría”.
