Durante la última reunión anual del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, hace pocos días, los máximos representantes de gobiernos, trabajadores y empresarios del mundo tomaron una decisión que puede aprovecharse para impulsar el diálogo en Guatemala.  Se trata del respaldo a la creación e institucionalización, con el apoyo y acompañamiento técnico de la OIT, de una Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical.

Fue aprobado por la Ministra de Trabajo y por representantes del CACIF y de las dos principales confederaciones sindicales de Guatemala en Ginebra. Contó con la presencia de magistradas de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, de la Secretaria Privada del Ministerio Público, del subdirector de la Policía, de diputados y de otras autoridades. A su vez, esta comisión contó luego con el aval del Consejo de Administración de la OIT. Además, los presidentes de las asociaciones internacionales de empleadores y de sindicatos firmaron el acuerdo como testigos de honor. Corresponderá reportar anualmente al Consejo de Administración de la OIT y de forma pública acerca de lo realizado por la Comisión.

La creación de esta comisión es el resultado de una larga trayectoria de negociaciones y conflictos entre el Estado, organizaciones sindicales y empresarios en Guatemala. Hay casos dramáticos que incluyen el asesinato de líderes sindicales y la violación de libertades sindicales y de otros derechos laborales. Se buscó superar esta historia mediante compromisos asumidos por el gobierno para avanzar con base en una hoja de ruta convenida en 2013. Su cumplimiento ha sido limitado. Sin embargo, un resultado concreto fue la reforma del Código de Trabajo, aprobada por el Congreso este año, para fortalecer la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y contribuir a que las normas laborales no se quedaran en el papel. Evidencia puntual sugiere algunas mejoras en esta área, importante si se toma en cuenta que casi las dos terceras partes de las personas ocupadas en Guatemala son asalariados.

Existen posibilidades de que mejore la seguridad laboral, pero quizás lo más importante es la visión estratégica que se busca que tenga la comisión. En uno de los considerandos del acuerdo que crea a la Comisión se indica “Que es necesario enfocar los esfuerzos tripartitos en una dinámica nacional, con una ruta estratégica a mediano y largo plazo, que trascienda el corto plazo con el que se ha venido discutiendo en los órganos de control de OIT y permita obtener resultados sostenibles.” Y de manera pragmática se señala que para lograr acuerdos “no se parte de la homogeneidad de pensamiento sino de la capacidad tripartita de construir desde la diversidad”.

Y el mandato de la nueva Comisión no es solo asegurar el cumplimiento de la hoja de ruta aprobada hace algunos años, centrada en garantizar la libertad sindical, o buscar de forma tripartita propuestas legislativas para avanzar en el ámbito de la legislación laboral. Busca también conocer temas adicionales de interés para los sectores empleador y trabajador, como propuestas de reformas de la Ley de Servicio Civil y políticas de empleo y reactivación económica, fundamental en un contexto de desaceleración. Otros temas podrían incluir las consultas a la luz del convenio 169 de la OIT.

Existen dos formas de aprovechar y fortalecer esta comisión. Una sería constituir un grupo de apoyo amplio que incluya a líderes sociales, políticos, comunicadores, académicos y a la comunidad internacional. Otra sería que el Congreso aprobara una ley que fortaleciera su sustento legal, que hasta ahora se fundamenta en un acuerdo del poder ejecutivo. Espacios como éste no deben desaprovecharse.

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