Desde el Ejecutivo y el Legislativo se persiste en una perversa manipulación para disponer de recursos públicos clientelares y aunque haya finalizado un período fiscal y estos no se hayan ejecutado por algunas unidades, se pretende volver a la vieja práctica de crear bolsones de recursos para hacer uso de ellos y poderlos gastar de manera clientelar y politiquera.

Los últimos presupuestos no solo se han caracterizado por estar desfinanciados, sino porque transpiran corrupción en casi cualquier rubro que se escudriñe y quizá el mejor ejemplo sea el desmesurado crecimiento presupuestario en el Ministerio de Comunicaciones, que solo para el próximo año tiene programado un aumento de alrededor del 40 por ciento.

A esta voraz planificación se ha sumado en el nuevo plan de gastos un artículo, el 94, que faculta al Ministerio de Finanzas para autorizar los recursos para que los Consejos Departamentales de Desarrollo puedan pagar las obras de arrastre del 2017 y dicho pago puede hacerse efectivo con saldos de caja, por obras no ejecutadas, lo que obviamente constituye un aumento automático para gastar.

Estos fondos están asignados a los Consejos Departamentales de Desarrollo y se estima que podrían oscilar entre 400 y 500 millones adicionales a los ya presupuestados. Además, dichos recursos quedan a discreción de los gobernadores, quienes son la máxima autoridad y como brazo político del gobernante disponen a quién y en dónde se gasta ese dinero.

Además, al calificar las obras de arrastre como de permanente ejecución, se abre la puerta a un manejo discrecional de asignación de infraestructura, también garantizado cuando en el citado artículo del nuevo presupuesto se establece, con requisitos mínimos, que dicho listado de obras sea elaborado por la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, de la mano con la Secretaría de Programación y Planificación Económica.

Para hacer todavía más expedito el trámite se establece que cualquier ampliación presupuestaria o transferencia de recursos solo necesitará de un acuerdo gubernativo, con el aval de Ministerio de Finanzas, con lo cual uno de los gobiernos más incapaces en la administración de los ingresos podría disponer de millones de quetzales, a fin de preparar el terreno para la próxima campaña electoral.

Todo apunta a que el Gobierno, en extremos momentos de desesperación, actúa sin miramientos para acumular recursos que claramente tendrán el propósito de convertirse en asfalto electorero en los próximos dos años, como ha sido la tónica de los últimos gobiernos, y aunque no se coma, como dijo un inmoral mandatario, ayudan a hacer más fácilmente transitable la ruta de los votantes.

Es una vergüenza que mucha de la obra pública continúe bajo el dominio de la politiquería y que el presidente Jimmy Morales se preste a esa jugarreta, en la cual seguramente ni siquiera ha opinado, a lo mucho se habrá limitado a asentir sobre los planes de una de las más perversas roscas de asesores.

Es muy desafortunado porque hasta ahora ese derroche de recursos no ha sido garantía para nadie, y más bien ha sido el camino hacia la ruina política.