Tanta legitimidad han perdido con sus actuaciones Jimmy Morales, su partido y sus aliados, que cuando intentan empujar algo, lo primero que muchas personas hacemos es desconfiar. Al indagar más, saltan las razones para no fiarnos de ellos. Tal es caso del dictamen del proyecto de presupuesto para 2018 emitido por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM).

Es claro que todos los gobiernos requieren contar con un presupuesto actualizado y mejor calzado con la realidad, los proyectos e incluso el financiamiento que tendrán. De ahí que sea tan importante su aprobación, pues de lo contrario se corre el riesgo de que se entorpezca el proceso de ejecución del presupuesto y producción de bienes y servicios. Sin embargo, en esta ocasión es mejor que el Congreso no apruebe el presupuesto y que el gobierno ajuste sus acciones en función del vigente para 2017. No es una cuestión antojadiza, es que de aprobarse el presupuesto 2018 este será el aceite para los engranajes del continuado pacto entre corruptos. He aquí algunos hallazgos.

Primero, en el dictamen de la CFPM se adicionó el artículo 94, con el cual el Congreso “pre-autorizaría” una ampliación presupuestaria destinada al pago de las obras de arrastre de 2017 de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), sin especificar monto o techo para esta ampliación. Aprobar esto permitirá al gobierno ampliar el presupuesto de gastos para este fin sin ningún límite. Probablemente aquí se cobren los empresarios, los alcaldes y los diputados esos espaldarazos que le han dado a Morales.

Segundo, el dictamen reduce los recursos destinados a los programas de preprimaria, por Q169.8 millones; en primaria, por Q56.1 millones; en el nivel diversificado, por Q37.8 millones, y el aporte a la Comisión Nacional de Alfabetización se reduce en Q140 millones. Con esta decisión es seguro que continuará cayendo la cobertura y la calidad educativa.

Tercero, en el caso del Ministerio de Salud Pública, el dictamen recorta Q40.2 millones al programa de salud preventiva y Q700 millones al programa de recuperación de la salud. Sin embargo, en el dictamen se agregan Q300 millones para mantenimiento, remozamiento y reparación de infraestructura; otros Q200 millones para el programa de construcción, mejoramiento de infraestructura, y Q100 millones para equipamiento y otros bienes. Los casos de corrupción que se conocen hoy tienen como punto de partida la infraestructura y la adquisición de equipo. No ha habido cambios legales que cierren las puertas a esta infamia.

Cuarto, el dictamen reduce los recursos que estaban presupuestados en el proyecto de presupuesto para la Contraloría General de Cuentas, por Q30 millones, y para la Universidad de San Carlos de Guatemala, por Q200 millones, resultado de un aporte extraordinario. Asimismo, en el dictamen ya no aparecen visibles los Q130 millones que aparecían en el proyecto de presupuesto destinados para la Procuraduría de Derechos Humanos. El gobierno y su camarilla tienen en el presupuesto la mejor forma de presionar a los detractores del pacto entre corruptos: ahogarlos financieramente.

Los hallazgos anteriores revelan que el presupuesto de 2018, lejos de ser un instrumento para el desarrollo, será un contrato para que los corruptos sigan operando: consiguiendo la elección para la junta directiva del Congreso, haciendo negocios con la salud, la educación y la infraestructura y promoviendo el silencio de las entidades contraloras de sus actos. Por todo esto, toca exigir a los diputados la no aprobación del presupuesto 2018.

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