La discusión de la última semana de noviembre la domina siempre la aprobación del presupuesto del año siguiente. Año con año, el mismo drama: Dejar la aprobación para el último momento como táctica para ejercer presión y lograr prebendas particulares a cambio del voto. Basta con leer el análisis que ha hecho Icefi sobre el destino del gasto que quedó reflejado en el dictamen de la Comisión de Finanzas del Congreso, y ver algunas de las normas presupuestarias incluidas en la propuesta de presupuesto, para saber que invertir en la ciudadanía no es el objetivo. Peor aún, cuando se le analiza desde la perspectiva del ingreso. ¿Más allá de más endeudamiento, qué podemos esperar el año entrante en materia de ingresos, cuando hay dudas aún si las metas de recaudación de este año se van a cumplir?

Entonces, ¿para qué va a servir el presupuesto 2018 y nuestros impuestos? Es el año preelectoral; a los diputados y financistas les queda poco tiempo para resarcirse de las inversiones hechas en 2012. Tienen que servirse ahora con cuchara grande de nuestros recursos para poder financiarse las elecciones del 2019 y dar así continuidad a este sistema corrupto. Hasta allí, nada nuevo bajo el sol, y por eso, obstaculizar una reforma sustantiva y democrática de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) era un elemento crucial, en el que han tenido. El otro factor que lo distingue es que este proceso viciado que se quiere perpetuar necesita que el Pacto de Corruptos, en el cual convergen todas las fuerzas, actores y sectores interesados en que nada cambie, se mantenga lubricado, cohesionado y con capacidad para seguir implementando intervenciones que permitan cooptar el próximo ciclo político y asegurar que en las elecciones clave intermedias que se avecinan se elija a gente afín a dicho Pacto.

Por todas estas razones, la aprobación del presupuesto 2018 sí puede considerarse un acto perverso de otra calidad. Intentan comprar impunidad y su reelección (impunidad a largo plazo) con nuestros impuestos. Por tanto, a quienes queremos que esta forma de hacer política acabe, no nos es posible estar de acuerdo con su aprobación. ¿Que si traerá complicaciones para ejecutar? Pues sí, ¿y? Francamente, para lo que han mostrado que son capaces de hacer, no se perderá gran cosa. Es más, será una manera de desperdiciar menos recursos. ¡Ya no quiero que financien sus campañas electorales espurias con mis impuestos!

Ya vimos que esta legislatura siente un absoluto desprecio por los planteamientos que buscan recuperar al Estado. Ni al Tribunal Supremo Electoral (TSE) le hacen caso. Tampoco sé quién decretó que las movilizaciones ciudadanas ya “cumplieron” su función en esta lucha contra la corrupción, algo que suena de por sí absurdo e inaudito, especialmente cuando todas las formas democráticas de participación y lucha han sido secuestradas por el Pacto De Corruptos. Totonicapán, Xela juntaron cada una más de 20,000 firmas para exigir que los diputados por estos departamentos dejen su curul, y fue como oír llover! Por si fuera poco, ahora quieren implementar una ley mordaza que penalice la libertad de expresión en redes, y otra, para atarle las manos a las organizaciones no gubernamentales que trabajan junto con las comunidades buscando formas de enfrentar los procesos de pauperización en que están sumidas.

¿Qué va a pasar cuando sea delito opinar, intercambiar en redes, o apoyar y trabajar junto a los más necesitados para que tengan una vida más digna? ¡Los riesgos que corremos son altísimos! En aras de mantener la “estabilidad”, nos están dejando solos a enfrentar una lucha profundamente asimétrica.

karin.slowing@gmail.com