La maquinaria oficialista dio un paso adelante al desentrampar la agenda legislativa, hacer a un lado la sesión permanente y darle paso a la discusión del presupuesto de gastos para 2018, pese a las múltiples voces en contra de un proyecto cuya viabilidad está seriamente cuestionada, por ser el más desfinanciado y porque incrementa de manera irresponsable el endeudamiento público.

Como diferentes versiones lo dieron a conocer desde el pasado fin de semana, el Ejecutivo echó a andar la maquinaria para aceitar aún más el pacto de corruptos y es indudable que con la discusión del nuevo plan de gastos también estará amarrada la elección de la junta directiva para el periodo 2018-2019, contra muchas de las recomendaciones de distintos sectores que rechazan la participación en esa instancia de quienes promovieron decretos perversos.

Se abre la posibilidad de que el próximo presidente del Congreso sea el oficialista Javier Hernández, lo cual no solo sería lamentable, sino también podría marcar el inicio del desbarajuste del actual gobierno, que no solo atraviesa por su más bajo nivel de aceptación, sino además porque se abren las puertas a la corrupción, con un plan de gastos claramente clientelar y en el cual se eliminan los mecanismos de transparencia.

El presidente Jimmy Morales será el mayor responsable del deterioro institucional y también del reforzamiento de prácticas que no solo no han desaparecido, sino que él es quien menos las combate.

El presupuesto será la pieza más evidente del gasto clientelar que se pretende implementar en un año preelectoral, y esas ambiciones, principalmente de quienes lo han convencido de que la compra de ese tipo de lealtades es el camino, se equivocan y solo están contribuyendo a un descalabro que les saldrá caro a los guatemaltecos, aunque también al oficialismo.

Solo el Gobierno y sus cómplices dentro del Congreso pretenden avanzar contra el clamor general de no aprobar un gasto a todas luces desproporcionado, desfinanciado y cuyo mayor costo no solo será aumentar de manera infame el endeudamiento, sino que lo más grave es el descalabro económico que acarreará la conducta irresponsable de quienes insisten en seguir adelante con una millonaria erogación, cuyo principal rubro es el funcionamiento.

Existen muchos otros riesgos, pero el obnubilado criterio gubernamental solo atina a buscar un uso clientelar de millones de quetzales, para lo cual se han hecho más laxos los controles y se busca asignar los mayores recursos a dependencias caracterizadas por la corrupción y por atender a quienes con sus votos apoyan un modelo insostenible, además de los bolsones sin fondo a cargo de los gobernadores.

El aspecto más lamentable de ese nuevo capítulo de la triste historia nacional es que en medio de este drama se encuentra un gobernante que ha sido instrumentalizado por poderes oscuros y él mismo está aprovechándose de su alta posición, pero como bien reza el dicho popular: el poder corrompe, pero también su mal uso puede llevar a la ruina a quienes desde los altos cargos abusan del mismo para tomar decisiones que deberían descansar en personas o en equipos con mayor preparación.