Para la oposición democrática venezolana, el apoyo de los gobiernos democráticos es absolutamente vital. Y todos los gobiernos democráticos, incluyendo el Grupo de Lima, los EE. UU., la UE, además de la Santa Sede, en todas sus declaraciones, afirman que la crisis venezolana debe tratar de resolverse a través de negociaciones entre el Gobierno y la oposición. Por tanto es evidente que la oposición no puede rechazar a priori la búsqueda de una solución negociada al conflicto, aunque sea solo para demostrar, de forma definitiva ante la comunidad internacional, que el régimen es el que impide una solución pacífica, constitucional y democrática a la crisis.

Además, la historia nos enseña que no hay transición de un gobierno autoritario a uno democrático que no pase por una negociación, a menos que sea por un golpe de Estado, guerra civil o intervención militar extranjera. Así fueron los casos, por ejemplo, de Polonia, Chile, España, Filipinas, Indonesia, Nicaragua y Suráfrica. En estos dos últimos casos la negociación vino después de conflictos armados internos. En efecto, la historia también nos dice que las dictaduras se enfrentan con éxito a través de diferentes “caminos”, complementarios y simultáneos. Los “caminos” se dividen en presiones nacionales e internacionales, de diverso “tipo”. En el caso venezolano, la presión internacional es existencial, aunque no necesariamente suficiente. Las negociaciones que los partidos mayoritarios de la Asamblea Nacional han aceptado iniciar en República Dominicana, a diferencia del mal llamado “diálogo” del pasado, tendrán la presencia como garantes de cancilleres de gobiernos, miembros del Grupo de Lima, como México, Chile y Paraguay y también de países aliados del régimen como Nicaragua, Bolivia y la República Dominicana, como anfitriona.

Hay negociación posible cuando las partes consideran que negociando se puede lograr algo mejor de lo que se puede obtener sin negociar. La negociación es un proceso de decisión interdependiente, en la cual los resultados para cada parte dependen no solo de su propia acción, sino de lo que haga, deje de hacer o se piense que vaya a hacer el “otro”. El Grupo de Lima, los EE. UU. y la UE han afirmado que, después del fraude evidente de la “constituyente” y las elecciones regionales, no pueden reconocerse elecciones en Venezuela sin un CNE equilibrado y una observación internacional calificada. Es evidente, por tanto, que este debe ser un objetivo fundamental de la oposición en la negociación. Así como la liberación de los presos políticos, verdaderos rehenes del régimen, el fin de las inhabilitaciones, la restitución de las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional (AN) y la posibilidad de recibir ayuda humanitaria. A la luz de la teoría de la negociación, desde el punto de vista del Gobierno, ¿qué es lo que quisiera obtener el régimen que sea mejor de lo que tiene sin negociar? Ciertamente no va a negociar solo los términos de su salida. Solo lo haría si estuviese prácticamente caído. ¿Lo está? En cambio, lo que el Gobierno necesita con urgencia es financiamiento internacional, que no es factible sin la aprobación de la AN. También quisiera obtener una eliminación o por lo menos reducción de las sanciones internacionales que le están haciendo mucho daño, particularmente en el marco del ya evidente “default” y de la baja progresiva de la producción petrolera. Ahora bien, ¿será posible un acuerdo con un régimen que pareciera tener como único objetivo mantenerse en el poder? Muy difícil, pero no es imposible que una aceleración del desastre socioeconómico, el aumento de las sanciones internacionales y el posible catastrófico embargo de los activos de PDVSA en el exterior, particularmente de los embarques de petróleo, creen las condiciones para una ruptura interna en el régimen, que permitiría una transición hacia la democracia.