“Han sido testigos que necesitan -el Consejo de la Carrera Judicial- 220 días después de tener instrumentos de evaluación y puede suponer un año y medio o dos años, se suma la discusión sobre la reforma a la Ley de la Carrera Judicial. No estamos incurriendo en incumplimiento de deberes -por suspender sesiones- “, argumentó Serrano.
Los magistrados resultarían beneficiados ya que las prebendas que reciben por su cargo, como automóvil, gasolina, teléfono, bonos, entre otros, las seguirán obteniendo hasta que finalice su mandato, el cual, constitucionalmente, concluyó el 12 de octubre pasado -hace 20 días-.
El tiempo para evaluar a los jueces y magistrados también beneficia a los actuales diputados, según expertos consultados, ya que las nuevas solicitudes de antejuicio presentadas recientemente deben ser conocidas por los actuales magistrados.
Diputados que no están vinculados en procesos penales señalaron que sus colegas salen más beneficiados con estos magistrados ya que ellos tendrán que seguir conociendo y por el tiempo que tardará la evaluación, “ellos tendrán que resolver si recomiendan o no retirarles la inmunidad para que sean investigados”.
La prolongación del periodo constitucional para el que fueron electos los magistrados ha sido catalogada como un rompimiento constitucional a uno de los tres poderes del Estado, que conforman una república, y manda un “mal mensaje”, ya que después se podría prolongar el periodo presidencial o el de los diputados.
Unos ganan y otros pierden
El analista en justicia del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) Francisco Quezada indicó que “al modificar los artículos pétreos de la Constitución algunas personas salen complacidas y ahora que la Corte de Constitucionalidad abrió esa puerta, van a querer modificar el periodo presidencial y el periodo de los diputados”.
“Aunque tal vez sea una especulación, pero cuando se rompe el sistema puede haber ganancias o pérdidas, pero al final la gran pérdida es del sistema republicano. La Ley de la Carrera Judicial tiene un pecado de origen muy grande y es que estos grupos que quisieron impulsar la reforma constitucional, que al final fracasaron, lo hicieron por medio de esta norma y eso hace contradecir la Ley con la ley suprema”, señaló el experto.
Quezada añadió: “Aunque nos parezca o no nos parezca que había mafias que iban a elegir a los magistrados, por supuesto que las hay, y eso no tiene un remedio, violando los plazos improrrogables constitucionales, nos estamos yendo con la finta, pero no sabemos el antecedente de que la Corte de Constitucionalidad decide ahora cuándo sí y cuándo no se cumplen los plazos constitucionales”.
El experto indicó que la Ley de la Carrera Judicial establece un sistema de evaluación tan complejo que permite que “se tomen todo el tiempo”. La evaluación contempla seis temas, que son: la disciplina y ética, la gestión del despacho, la calidad de las resoluciones, evaluación académica, y evaluación directa, interna y externa, y debe hacerse conforme patrones internacionales.
“Las evaluaciones se tiene que hacer con instrumentos que nunca se han tenido y debe ser a todos y no solo a los que se postulen, porque eso sería ilegal”, refirió.
El abogado manifestó que esta situación es “un quebrantamiento del sistema republicano. Lamentablemente hay voces a favor y en contra, pero los que están a favor no entienden que el sistema republicano se haya roto, que se están disparando en un pie y que el día de mañana, que no tengan una Corte de Constitucionalidad afín, y se dicte la extensión de plazo de los diputados y del presidente, no se quejen”.
Seguirán con sus beneficios
María de los Ángeles Fuentes, de Guatemala Visible, señaló que la organización desde un inicio indicó que la resolución de la Corte de Constitucionalidad tenía bastantes vacíos porque no había claridad para la actuación de las comisiones de postulación, que era lo más grave.
“Los magistrados son beneficiados en continuar con una plaza que tienen en este momento, ya que siguen con los beneficios que les da la Ley, ellos siguen contando con todos los beneficios y prerrogativas que conlleva tener un cargo de ese rango. No los veo culpables, pero sí van a recibir el beneficio de manera indirecta”, señaló Fuentes.
La directiva de la organización indicó que la resolución de la más alta Corte pudo haber tenido la mejor intención para mejorar un proceso, pero el proceso de comisiones de postulación, desde su primer ejercicio, ha sido deficiente.
“La evaluación del Consejo no era lo más importante para la postuladora, ya que ellos tienen las herramientas para elegir, basados en méritos, a los mejores, y están tomando un requisito que a nuestro criterio, que bueno que sea para mejorarlo, pero, no de manera retroactiva”, dijo Fuentes.
El director de Impunity Watch, José González, indicó que por el momento no se sabe si el plazo que dio el Consejo para hacer las evaluaciones es adrede o no, por lo que se mantiene que “existe una falta de voluntad política para agilizar este procedimiento, tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo de la Carrera Judicial”.
“El Consejo tuvo un año para emitir el reglamento, y desde que se instaló por completo el Consejo, en enero del 2018, no lo hizo, y ya un mes y medio del amparo provisional no se ha hecho nada que nos demuestre que el cumplimiento de sus obligaciones sea a corto plazo. Esto es un caso atípico y que requiere todo el esfuerzo del sistema de justicia para poder echar a andar este proceso cumpliendo con la ley en el menor término posible”, dijo González.
Hablar de 12 meses no refleja la necesidad y prioridad con la que se debe de tratar el tema, según el analista.
“No sabría decir qué es lo que pretende el Consejo, lo que no veo factible es que el Consejo se tarde tanto para cumplir con sus funciones, no es un plazo razonable porque afecta a nivel nacional. Señalamos a un inició que hay negligencia para echar a andar la ley”, explicó el experto.
El proceso
El 16 de septiembre último, la CC dejó en suspenso los procesos de elección de magistrados. El fallo retrotrajo al inicio el proceso de postulación de magistrados de CSJ y el de Apelaciones lo regresó al momento de la evaluación de candidatos. Además, se ordenó repetir la elección de los representantes de los magistrados de Apelaciones ante la comisión de CSJ, lo cual ocurrió el pasado 7 de octubre, pues en el proceso anterior encontraron irregularidades, luego de decretar un amparo al magistrado Noé Ventura Loyo.
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