Es inevitable plantearse más de un escenario de lo que podría hacer un ministerio o cualquier entidad del Estado que pudiera disponer de 500 millones de quetzales para gastar, invertir o repartir si la intención fuera buscar el mayor beneficio posible, sobre todo en un país con tantas limitaciones a causa de las necesidades no cubiertas.

Al parecer, eso es lo que menos piensan las autoridades cuando disponen erogar una descomunal cantidad, como ahora ocurre con el Ministerio de Educación, que se apresta a repartirla entre cerca de 200 mil empleados, con el pretexto de que cumplieron con sus obligaciones, que no perdieron ni un día de clases y, quizá no debería dejar de mencionar, en pago por las muestras de oportuno apoyo de la dirigencia sindical a cada gobierno que lo ha solicitado o lo ha negociado en las sombras.

Con esa disposición, el Mineduc se suma a las instituciones que cuando les sobran recursos, por mala ejecución o por exceso de asignación, pareciera que el dinero les quema las manos y en lugar de pensar serenamente y buscar opciones mucho más rentables en términos sociales, les da por ponerse dadivosas, como ahora que ha sido aprobado un bono de Q3 mil.

Las autoridades monetarias han advertido de que Guatemala ha bajado su perspectiva de crecimiento económico al cierre del año, deterioro que se agudizó a partir de los esfuerzos gubernamentales y sectoriales por entorpecer la lucha contra la corrupción, y eso fue ratificado por las evaluaciones de las entidades calificadoras de riesgo.

Lejos de ver la tormenta que se avecina, acá se torna irrefrenable el festín con los recursos públicos. Debiera existir una mentalidad superior, capaz de imponer mesura y prudencia en la administración pública, pero todo parece indicar con claridad que más bien existe un aval a esas decisiones, sobre todo porque se convierte en un pago de favores, como ha sido costumbre entre la dirigencia magisterial y los últimos presidentes.

A veces no se discute la necesidad o prudencia de conceder esos beneficios, sino el abuso generalizado sobre los aportes que provienen de los contribuyentes, quienes ni siquiera pueden opinar sobre decisiones de los funcionarios que mediante actos gamonales disponen de recursos millonarios para atender a un grupo de privilegiados, mientras en el resto del país se acentúan los rezagos.

Los funcionarios deberían atender la situación de millones de guatemaltecos que literalmente pasan estos festejos entre enormes penurias, mientras la burocracia se receta pagos adicionales al margen de la ley, simplemente porque sobran recursos, sea por mala ejecución o por una mala planificación.

El mayor problema es que estas acciones se están volviendo una práctica intolerable en demasiadas dependencias, sin que nadie muestre respeto a los contribuyentes. Esto solo puede degenerar en mayores abusos, como ya ocurre en algunas dependencias, donde los contribuyentes incluso deben sufragar el costo de atender las dolencias de funcionarios incompetentes e incapaces de pagar sus propias medicinas. Lo que menos se debe aceptar es que no exista la más mínima voz de reproche de quienes tienen la responsabilidad de velar por el buen uso de los impuestos.