“Se le critica al presidente por no adoptar los intereses internacionales”, lo que Arzú llamó un “chantaje moral”.
“Vivimos en una realidad producto manufacturado por los medios de comunicación, grandes corporaciones y grupos de interés y presión. El poder se usa para bombardear a la gente con seudorrealidades, verdades a medias, mentiras. Se usan los medios de comunicación para alimentar el resentimiento”, señaló.
La práctica política, finalizó diciendo el exmandatario, “debe basarse en la consolidación de los Acuerdos de Paz”, que en las últimas 24 horas han sido declarados “inconclusos” y “olvidados” por varios sectores de la sociedad civil.
El mandatario Morales, envió un saludo “cordial” y “un deseo de paz” a los guatemaltecos, en medio de la polémica decisión que tomó de trasladar la embajada de Israel a Jerusalén.
Morales indicó que los Acuerdos, que aún mantienen un sinfín de rezagos pendientes, “son el pilar fundamental para consolidar la cultura de paz en el país”.
Su declaración la hizo frente a su gabinete, cuerpo diplomático e invitados especiales que presenciaron el acto en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura.
Junto a Morales, el alcalde capitalino y expresdiente Álvaro Arzú, quien a su ingreso al palacio increpó a manifestantes que le gritaban “corrupto” y “fascista”, recordó que las bases del fin al conflicto armado que duró 36 años (1960-1996) se consolidaron cuando “el comandante (Rolando) Morán -dirigente de la guerrilla- y yo nos estrechamos la mano”, lo que demuestra que “los actos anteceden a las palabras”.
El Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz (CNAP) reconoció ayer en un documento, que los efectos negativos de la confrontación “aún están presentes en la sociedad”.
El CNAP explicó que aún existen poblaciones desarraigadas que no han logrado retornar al país, luego de un lustro de negociaciones y 21 años desde que concluyó la confrontación armada.
Por su parte, el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH), la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR) y el Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH), advirtieron que tras dos décadas “la justicia continúa siendo uno de los grandes pendientes de los compromisos del Estado hacia la sociedad guatemalteca y en especial a las miles de víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno”.
Uno de estos procesos es el emblemático caso por genocidio, por el que se encuentran acusados el exjefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt y su exjefe de Inteligencia Militar Mauricio Rodríguez Sánchez, quienes continúan dentro de un juicio que debió repetirse cuando el Constitucional anuló la sentencia de 2013 por “errores en el proceso”.
Mientras que el partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que formalizó su sendero institucional al concluir la guerra tras haber aglutinado a los cuatro principales grupos guerrilleros, indicó en un comunicado que “la pobreza y la desigualdad, el racismo y la marginación contra los pueblos indígenas, la falta de espacios reales de participación política ciudadana y el subdesarrollo general de nuestro país, siguen prevaleciendo”.
Aún es palpable la desigualdad que se vive en el país centroamericano, cuya diferencia de clases se hizo evidente con la Encuesta Nacional de Vivienda (Encovi) 2014, del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la que situaba al 59,3 % de la población en condiciones de pobreza y el 23,4 % en la pobreza extrema.
