El 2018 no arranca con el escenario más halagüeño para los países del “Triángulo Norte”: Honduras arranca un nuevo ciclo de gobierno sin legitimidad ciudadana y manchado por la ilegalidad de provenir de elecciones fraudulentas y antecedidas por una aberrante manipulación de la Constitución para justificar la reelección. El Salvador tiene elecciones legislativas y municipales en un par de meses, y a pesar de que los dos partidos políticos más fuertes han gobernado el país ya en varias ocasiones, ninguno ha logrado encauzarlo por la senda de la prosperidad y el cese de la violencia. Quienquiera que gane enfrentará, además, en el muy corto plazo, el retorno de al menos 200,000 salvadoreños y sus familias que se quedarán sin el beneficio del TPS.

Guatemala no se quedará atrás; tenemos las cruciales elecciones de Fiscal General de la Nación y de Contralor General de Cuentas, que enfrentan el terrible desafío de estar en manos de la actual legislatura, de sus oscuros aliados y del propio presidente que han convergido en el “Pacto de Corruptos”. De hecho, con las opciones que se perfilan para presidir el Congreso de Guatemala, encarnadas en las candidaturas de Chinchilla (cuya reelección parece ser la jugada más probable) y de Conde Orellana principalmente, es difícil para la ciudadanía distinguir entre lo peor y lo mucho peor. En ambos casos, el Pacto de Corruptos no perdería el poder sobre la agenda legislativa y sobre los procesos cruciales ya señalados y las etapas intermedias que conlleva (Comisiones de Postulación).

Tristemente, ya vimos que la alianza de seis diputados que se han distanciado de las prácticas corruptas no solo no logró convocar otros adherentes, sino optaron por no dar la batalla por la Junta Directiva de la legislatura 2018, asunto que, independientemente de su viabilidad política real, pudo haber dado a la ciudadanía una voz simbólica vital dentro del Legislativo para hacer contrapeso al Pacto de Corruptos y, a las fuerzas que buscan la depuración, algunos operadores internos con algo de credibilidad.

El otro aspecto crítico en la coyuntura de inicio de año es la profundización del déficit y del deterioro de la institucionalidad del Organismo Ejecutivo que se ha dado durante estos últimos años. Pienso que es una variable que aplica igualmente a Honduras y El Salvador, aunque con distinta intensidad, pero que en el caso de Guatemala es indiscutible. Una de las apuestas estratégicas contempladas en la visión geopolítica para el Triángulo Norte, era que los Estados fortalecieran su institucionalidad para dinamizar la economía y ofrecer oportunidades locales, y dar mejor respuesta a la demanda de servicios públicos esenciales.

Nada de eso ha pasado, sino todo lo contrario. Al menos en Guatemala. La inoperancia del Ejecutivo se ha visto en prácticamente todos los ámbitos, exceptuando quizá a Gobernación, y eso solo porque juega un papel clave en la política de seguridad regional y, por ende, opera con otras claves y lineamientos. De allí, son instancias autónomas como el Ministerio Público y la SAT que han destacado. Más allá, hay un casi total silencio de logro, más aún si se buscan cambios sustantivos que este gobierno debió ser llamado a impulsar y nunca le interesó a menos, claro, que sea para favorecer intereses privados.

Por ende, sin entrar a describir otros factores sin duda presentes en cada país, lo que se anticipa es un escenario regional de tensión intensa, con toda la potencialidad de desatar ingobernabilidad e inestabilidad en la región, a un alto costo social. A ello hay que sumarle las elecciones generales en México, que también son en 2018.

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