Luego de la cita, en la Casa Presidencial, directores refirieron que se buscan acuerdos para armonizar la labor entre ese cuerpo colegiado y el Gobierno, y consideran que es posible que el Ejecutivo se decida por un plan B.
Este plan, que se refiere al fortalecimiento de los controles y modernización de aduanas, fue mencionado ayer en el Congreso por la ministra de Finanzas en funciones, María Castro, y el superintendente Carlos Muñoz.
Después de la reunión habitual del Directorio de la SAT, al mediodía, integrantes de este ente informaron que habían decidido accionar de manera precautoria y querían solicitar un amparo preventivo en la Corte de Constitucionalidad (CC), pero anoche fuentes consultadas negaron que se haya discutido o aprobado dicho trámite.
Análisis jurídico
Hugo Maúl Figueroa, abogado constitucionalista, indicó que la intervención, según la Carta Magna, solo se puede dar para empresas que prestan servicios públicos.
“Esta se podría dar a empresas descentralizadas o empresas privadas, como el transporte, donde hay un servicio público que está en manos de empresas, y la SAT no es una empresa de esa naturaleza, sino que la SAT es una entidad independiente, cuya función es la recaudación de impuestos. Por consiguiente, una intervención de la SAT es inconstitucional”, explicó Maúl Figueroa.
El profesional señaló que la SAT no es una empresa, es una superintendencia descentralizada y autónoma. El abogado citó como ejemplo a la Empresa Municipal de Agua, que presta ese servicio en la capital, así como las empresas portuarias, que por esa razón están intervenidas.
“A pesar de que la SAT es una entidad de naturaleza pública, no es una empresa. Por consiguiente, las normas son completamente diferentes, por eso creo que la intervención tendrá problemas de violación constitucional”, aseguró.
El abogado constitucionalista Gabriel Orellana expuso que la opinión consultiva del 2010 indica que sí es factible intervenir cualquier institución, siempre y cuando se cumpla con lo estipulado en la Constitución, “o sea es un gallo gallina”.
“Pienso que es una intervención administrativa hasta cierto punto innecesaria tratándose de una dependencia del Estado, y adicionalmente hay que tomar en cuenta que estamos hablando de una función esencial del Estado. No es un servicio público, como que se dijera que mañana se va a intervenir al Ejército. Eso no es posible, ya que es ilógico e incongruente”, dijo Orellana.
“Yo me inclino a que es inconstitucional una medida semejante contra la SAT. Las aduanas son para cobrar impuestos, entonces el cobro de impuestos no es que voluntariamente se paga, todo ese proceso va sujeto a un principio de legalidad y ese principio le corresponde al Estado”, afirmó.
Los juristas aseguran que el artículo 120 de la Constitución protege a la SAT.
Exministros recomiendan
Los exministros de Finanzas Ana de Molina, José Alejandro Arévalo, Juan Alberto Fuentes y Édgar Balsells indicaron que están en desacuerdo con intervenir la SAT, o la pretensión también anunciada de que se podría controlar solo a cinco aduanas.
Manifestaron que la intención del Gobierno de detener las anomalías en aduanas se puede lograr sin usar esa figura.
Fuentes y Arévalo coincidieron en que la discusión no solo debe enfocarse en la legalidad o ilegalidad de la intervención de la SAT, sino en acciones de fondo sobre cómo y combatir a los grupos criminales que manejan el poder en las aduanas.
“El debate debería centrarse en cómo enfrentar y derrotar, con una estrategia clara y sólida, a las muy poderosas organizaciones criminales que, con aliados en algunos organismos del Estado, se dedican al contrabando, a la estafa y al robo de recursos del Estado”, refirió Fuentes.
Más que una intervención, la estrategia requiere el apoyo de “una alianza fuerte y honesta de organizaciones públicas, privadas y sociales, con claridad e información precisa, y con valentía”, afirmó Fuentes.
Arévalo coincide con De Molina en que no se pueden intervenir solo las aduanas, ya que son dependencias de la SAT, con una misma estructura organizativa, administrada por el mismo directorio y funcionarios. Si al final el Gobierno se decide por esa medida, esta alcanzará a toda la SAT, expusieron.
“Se debe ejercer una vía civil, institucional y democrática, no una vía militar, de emergencia y a la fuerza”, expresó Balsells. Afirmó que el Gobierno debe trabajar con el Congreso para impulsar las leyes de transparencia, entre las cuales se incluyen las reformas a la Ley Orgánica de la SAT, y brindarle más fuerza para actuar, y a la ley aduanera.
“La razón de ser de la SAT es que fue creada para perseguir la evasión y defraudación. Intervenirla significa llegar a la conclusión de que es un fracaso. Es la mejor evidencia del fracaso de las personas que la han dirigido durante este gobierno”, manifestó Arévalo.
Según Arévalo y Balsells, quien ocupa el cargo de ministro de Finanzas y presidente del Directorio de la SAT tiene todas las facultades para decidir hacia dónde debe ir esa institución, y el error que cometió Pavel Centeno, exministro de esa cartera, fue haberse peleado con Miguel Gutiérrez, ex superintendente, y haberse distanciado del Directorio.
Expusieron que si los problemas en las aduanas han aumentado es porque los funcionarios no han dado resultados, por lo que pueden ser destituidos por el presidente, quien nombra al ministro de Finanzas y al superintendente de la SAT.
De Molina refirió que se entiende que para el Gobierno existe urgencia por elevar los ingresos fiscales para el financiamiento del presupuesto, pero más que una medida aislada como la intervención que ha anunciado el gobernante en días recientes, deben tomarse medidas integrales y que sean sostenibles en el tiempo.
Tanto De Molina como Fuentes coinciden en que para mejorar la recaudación se debe retomar el Pacto Fiscal, discutido como parte de los acuerdos de paz y que fija medidas integrales para fortalecer al fisco.
Opción B
Castro, quien dirige la cartera del Tesoro tras la renuncia de Centeno, quien propuso la intervención antes de dimitir, señaló durante una reunión con el bloque de Compromiso, Renovación y Orden, la necesidad de tomar medidas en aduanas para corregir los “errores que puedan estarse cometiendo”.
Refirió que trabajan en un “plan B” que permitiría mejorar los ingresos sin utilizar una intervención.
“Nuestros abogados trabajan en la propuesta que será consultada ante la Corte de Constitucionalidad”, dijo Castro.
Afirmó que el plan B incluye la sistematización de las aduanas y controles digitales de contenedores con el marchamo electrónico, entre otros mecanismos.
Muñoz, aseguró que ese plan incluye un modelo de aduana sin papeles, que permitiría, con un programa prevalidador de contenedores, verificar los impuestos de los productos que entren al país. Sin embargo, dijo que este plan tardaría dos años en lograr los controles.
Omar Franco, intendente de Recaudación de la SAT, quien también asistió a la reunión, recordó que al 30 de septiembre pasado, en las aduanas se recaudaron Q34 mil 615 millones, cifra menor a la programación de Q36 mil 407 millones, equivalentes a 4.9 por ciento menos.
La recaudación en aduanas en el 2012 fue de Q31 mil 623 millones, monto que ha sido superado este año por Q2 mil 992 millones, que representa el 9.5 por ciento de crecimiento, pero por debajo de lo proyectado.
Pérez Molina afirmó anoche en su programa De Frente con el presidente, que la intervención está avalada por un equipo de 17 abogados, quienes no ven ninguna inconstitucionalidad, con base en el artículo 171 de la Ley de Amparos.
Sin embargo, aseguró que hará la consulta a la CC para garantizar la legalidad de la medida gubernamental.
OPINIONES
“Se debe ejercer una vía civil, institucional y democrática, no una vía militar, de emergencia y a la fuerza, como la intervención que se busca en la SAT y aduanas”.
Édgar Balsells, exministro de Finanzas.
“La razón de ser de la SAT es que fue creada para perseguir la evasión y defraudación. Intervenirla significa llegar a la conclusión de que ha sido un fracaso”.
José Alejandro Arévalo, exministro de Finanzas.
“El debate debería centrarse en cómo enfrentar con una estrategia clara y sólida a las poderosas organizaciones criminales con aliados en algunos organismos”.
Juan Alberto Fuentes, exministro de Finanzas.
“Dicen que van a tomar distintos controles para fortalecer ciertas áreas. Para eso no es necesario intervenirlas, es un deber del Estado, que debe fortalecerlas”.
Gabriel Orellana, abogado constitucionalista.
“Hay un marco legal que se debe respetar. Si se da la intervención se exponen a que se presenten recursos en contra de esta medida, que ha sido cuestionada”.
Hugo Maúl Figueroa, abogado constitucionalista.
Opinión consultiva sobre el caso del Renap
Una opinión consultiva fue solicitada a la Corte de Constitucionalidad (CC) en el 2010 por el presidente Álvaro Colom, para conocer si era legal la intervención del Registro Nacional de las Personas (Renap).
El 17 de septiembre de ese año, la CC resolvió favorablemente, al explicar que era posible la intervención del Renap, pero antes advirtió de que el gobernante “debía observar la interpretación, alcances, parámetros, límites y responsabilidades determinadas en esta opinión, para no incurrir en violación de preceptos constitucionales”.
El tribunal constitucional dio algunas conclusiones: “Que todo ente al que el legislador ordinario le hubiere conferido autonomía técnica puede ser intervenido administrativamente, con sustentación en el artículo 120 de la Carta Magna, siempre que dicho ente preste un servicio público esencial a la comunidad”.
También que “medien circunstancias excepcionales que, razonablemente, permitan determinar que, aparte de la medida de intervención, no exista otra medida que, pudiendo lograr la finalidad perseguida con aquella, resulte menos gravosa para el Estado de Guatemala”.
En sentencia emitida el 4 de junio del 2008, en el expediente 173-2008, la CC señala que respecto de la esencialidad de los servicios públicos, “esta Corte advierte de que tal carácter deriva de la importancia que tales servicios tienen para la población con relación al goce de los derechos humanos que indirecta o directamente la Constitución reconoce y cuya protección resulte esencial para la dignificación de los habitantes del Estado”.
Instituciones autónomas
La Constitución indica cuáles son las instituciones que gozan de plena autonomía.
Artículo 79. Escuela Nacional Central de Agricultura
Artículo 82. Universidad de San Carlos de Guatemala
Artículo 92. Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico Guatemalteco
Artículo 100. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Artículo 132. Banco de Guatemala
Artículo 251. Ministerio Público
Artículo 253. Los municipios —alcaldías—
“Varios planes”
El presidente Otto Pérez Molina afirmó ayer que la intervención a la SAT es lo principal, pero que tienen “varios planes”, por si la Corte de Constitucionalidad (CC) responde que no es legalmente viable esa medida.
El Ejecutivo prevé enviar hoy en la tarde la solicitud de opinión a la CC, para “estar seguros” de la legalidad del asunto.
El plan inmediato en caso de una negativa de la CC sería un “acuerdo interministerial” para que ministerios puedan tener una “mayor presencia” en las aduanas y más capacidad de apoyo a la SAT para controlar la corrupción. Las carteras responsables serían las de Gobernación y de la Defensa.
Mientras, el Gobierno detendrá la intervención de la SAT hasta que la Corte dé una respuesta positiva. En tanto, refirió que los 17 abogados gubernamentales que analizaron la acción determinaron que es legal.
La consulta a la CC dejó entrever algunas contradicciones entre el mandatario y su secretario general, Gustavo Martínez, acerca de las razones de acudir al máximo ente jurisdiccional del país.
“Se han levantado algunas voces de oposición diciendo que no se puede intervenir, y para evitar cualquier problema de esos yo tomé la decisión de hacerle una opinión consultiva a la CC”, refirió el presidente, al reconocer que busca evitar alguna ilegalidad, como afirman sectores.
Por el contrario, Martínez refirió: “El presidente no está haciendo esta consulta a la CC porque tuviéramos dudas de si es procedente o no la intervención. Se está haciendo para tener la certeza y seguridad, por el tamaño de medida que es intervenir la SAT”.
Además, el secretario negó la existencia de un plan B ahora y refutó los señalamientos en contra de la intervención.
Artículo 120 constitucional protege a la SAT.
4.9% menos de la meta fijada se ha recaudado en aduanas.
