El más reciente caso de corrupción revelado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), demominado «Traficantes de influencias», vuelve a revelar cómo algunos empresarios y funcionarios se han aprovechado de la corrupción y la impunidad para hacer negocios. El caso revela una estructura criminal que «agilizaba trámites» para la devolución del crédito fiscal que hace la Superintendencia de Administración Tributaria a los exportadores.

De acuerdo con la investigación, los encargados de ofrecer este «servicio» eran Alfredo Muñoz Ledo-Carrillo, Mario Leal Castillo y Felipe Alejos. El primero, es un empresario de origen mexicano, involucrado en otros casos de defraudación tributaria. El segundo, Leal Castillo es un millonario guatemalteco que, según diversas fuentes, ha formado parte de las juntas directivas del Grupo Cayalá y del Ingenio Magdalena; además, su familia es propietaria de los supermercados La Torre. Fue el secretario de asuntos específicos de Otto Pérez (Partido Patriota) y candidato a vicepresidente de Sandra Torres (Partido UNE). Finalmente, el tercer tramitador, Alejos Lorenzana, pasó por las filas de la UNE, fundó el partido Todos, y actualmente es el vicepresidente del Congreso de la República.

Hasta el momento, las autoridades han divulgado los nombres de nueve empresas, que fueron clientes de esta estructura criminal: Aceros de Guatemala, Industria de Tubos y Perfiles, S. A., Maya Quetzal, MAG Alcoholes, Ingenio Magdalena, Productos y Servicios Azucareros, Producción y Negocios Industriales, Reforestadora de Palmas de El Petén, S. A. y el Ingenio Palo Gordo.

Además de haber logrado debilitar y capturar la administración pública para sus fines personales, las acciones de esta estructura criminal y de sus clientes, tienen un impacto sobre el sector empresarial. ¿Qué piensan los empresarios honestos que respetan las leyes? ¿Qué piensan los accionistas de Tropigas, o de los ingenios Madre Tierra o Pantaleón? Seguro estarán recapacitando sobre cómo los empresarios corruptos han montado mercados, productivos, financieros y comerciales, basados en la competencia desleal.

La corrupción y la impunidad afectan negativamente la actividad económica y no la lucha contra ellas. De acuerdo con el Índice Global de Impunidad —de la Universidad de las Américas Puebla—, Guatemala es un país con alta impunidad, y una sociedad así tiene dificultades para la atracción de inversión extranjera y turismo. Asimismo, la encuesta a empresarios guatemaltecos, publicada en el Reporte de Competitividad Global de 2015-2016 del Foro Económico Global, y que para el país cuenta con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), demuestra que la corrupción es el segundo factor más problemático para hacer negocios en Guatemala, solo superado por el crimen y el robo. La corrupción en carreteras que no se construyen, corta las venas por las que debería fluir el comercio y la producción nacional. La corrupción de evadir impuestos y contrabandear productos quiebra el comercio de los empresarios honestos. La corrupción roba oportunidades y vidas, al eliminar recursos para educación, salud, justicia y seguridad.

Ustedes, empresarios honestos, que poseen una abarrotería, una fábrica o un comercio, también deben hacer suya la lucha contra la corrupción, porque esta es una barrera para el crecimiento económico, el desarrollo social y la democracia. Urge que fijen postura pública y se distancien de los empresarios corruptos.

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