Los ecuatorianos les han asestado un rotundo revés a la política tradicional y al caudillismo, al votar masivamente en favor de cambios constitucionales y de leyes menores que prohíben, entre otras cosas, la reelección presidencial indefinida, como era el mesiánico sueño del expresidente Rafael Correa, quien volvió de su autoexilio para hacer campaña por el No.

A partir de ahora los mandatarios ecuatorianos podrán aspirar a un segundo mandato, pero les queda vedado el paso a una perpetuación en el poder, como lo hizo Correa al utilizar incluso al Congreso, en el cual tenía mayoría en 2016, para violentar el espíritu de la Carta Magna de ese país y dejar abierta la posibilidad de volver al poder cuando lo decidiera, como acaba de ocurrir en Honduras, con la manipulación de la reelección.

El exgobernante ecuatoriano queda ahora en una posición incómoda, porque no solo la población ha rechazado en las urnas su modelo, sino que aparece en otra faceta alejada de la política, y es la comparecencia ante la justicia para esclarecer todos los señalamientos de corrupción por supuestamente haber beneficiado a China y a Tailandia en la adjudicación de millonarios contratos petroleros.

Otro cambio trascendental avalado por los ecuatorianos en las urnas es el haber decretado la muerte cívica para quienes sean condenados por casos de corrupción, lo cual representa un enorme avance para limitar el acceso al poder a personajes que han convertido la política y el ejercicio público en palancas para el latrocinio.

Ese destierro de políticos corruptos se complementa con cambios a una oficina conformada por la sociedad civil y otros sectores del Estado, cuya función había degenerado hasta límites intolerables en la designación de fiscales, contralores y superintendentes, con el consiguiente perjuicio para el funcionamiento pleno de muchas instituciones o para entorpecer cualquier investigación, tal y como ocurre en Guatemala, con el manipuleo político.

Otro importante cambio en Ecuador es que los delitos sexuales serán imprescriptibles, como sucede con los de lesa humanidad, y a partir de su implementación, casos como la pederastia siempre podrán ser perseguidos por los órganos de justicia. A esta pregunta se sumaron otras vinculadas con un mayor respeto a la riqueza natural y establecer límites a la exploración petrolera en las zonas de reserva natural.

En el terreno político, Ecuador ha dado un enorme paso en el fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad, pero también en la implementación de reformas que pueden aportar de manera decisiva en la renovación de liderazgos partidarios y en cerrarle el paso a caducos y oprobiosos cacicazgos, responsables de la atrofia gubernamental y aun en aquellos donde la cooptación del poder de la mano de estructuras criminales ha causado estragos.

Muchos países latinoamericanos deben aprender de la experiencia ecuatoriana para poner en marcha reformas encaminadas a la transformación del ejercicio político, pero también para poner coto a los populismos mesiánicos, cuya obsesión por el poder solo ha desembocado en la perversión de la democracia y en la inutilización de instituciones, al extremo de volverlas sumisas a las mafias.