El anterior secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el 15 de diciembre del 2016, alegando sus atribuciones previstas en el Acuerdo de Ginebra —el tratado que regula desde 1966 la controversia fronteriza entre Venezuela y Guyana—, manifestó que había “llegado a la conclusión de que, si hacia fines de 2017, el Secretario General concluyera que no se ha logrado un avance significativo hacia un acuerdo completo para la solución de la controversia, elegirá la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como el próximo medio de solución”.

El actual secretario general, António Guterres, ha confirmado la decisión de su antecesor y ha referido el caso a la CIJ. En el Acuerdo de Ginebra se lee que hay que “buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia, surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo Arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e irrito”. Guyana afirma que el objeto del Acuerdo es establecer la validez o nulidad del Laudo, mientras Venezuela, por su parte, sostiene que no tiene sentido proponer una solución “práctica y mutuamente satisfactoria” a una controversia estrictamente jurídica. El Acuerdo de Ginebra establece que el secretario general, si las partes no llegan a concordar ningún arreglo, podrá decidir cuál de los medios de solución pacífica de controversias previstos en el Art 33 de la Carta de la ONU debe utilizarse para la controversia. La decisión de ambos secretarios generales es la opción que Guyana siempre ha preferido. El gobierno de Maduro reitera en un comunicado que la decisión de Ban Ki-Moon “excedía las competencias otorgadas a su investidura”. Argumento muy endeble, dada la letra del Acuerdo de Ginebra. En cambio, la Cancillería, si consideraba la Corte incompetente para dirimir la controversia, debería haberlo manifestado inmediatamente después de la decisión de Ban Ki-moon. Este es solo uno de la cadena de gravísimos errores del gobierno en estos últimos 14 años, que nos ha conducido a la opción preferida por Guyana. En el 2004, el presidente Chávez declaró que Venezuela no se oponía a que Guyana otorgara unilateralmente concesiones y contratos a compañías multinacionales en el Esequibo, con lo cual entregó, a cambio de nada, una de nuestras pocas armas de negociación. En febrero del 2007, Chávez afirmó, ridícula e irresponsablemente, que la reactivación de la reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo en 1962, por parte del gobierno de Betancourt, fue producto de la presión de los Estados Unidos, supuestamente interesados en desestabilizar el gobierno —todavía no independiente— del izquierdista Jagan. Cuando Guyana, en el 2014, manifestó que el proceso de los Buenos Oficios, a través de un representante del secretario general no había dado ningún resultado en 25 años de vigencia y proponía al secretario general optar por la CIJ, el gobierno de Maduro insistió negligentemente en continuar los Buenos Oficios, en cambio de proponer otro de los medios de solución. Guyana tiene ya tiempo preparándose para enfrentar el complejo proceso que implica defender su posición ante la CIJ, para lo cual ha contratado al experto jurista internacional Dr. Payam Akhavan y al excanciller de Guyana y ex secretario general del Commonweath, Sir Sridath Ramphall. Mientras tanto, ¿qué hacía el gobierno de Venezuela? Ni siquiera nombró un negociador a tiempo completo apoyado por un equipo de funcionarios. El encargado oficial, el embajador Roy Chaderton tuvo por años cinco cargos que ejercer. La negligencia, la impreparación y la estupidez se pagan caras en política internacional.

@sadiocaracas