Trump quiere que el Congreso autorice US$200 mil millones durante una década para gastarlos en carreteras, autopistas, puertos y aeropuertos. Y espera que los estados y el sector privado estimulen el desarrollo con otros US$1.3 billones.
BBC NEWS MUNDO
Por qué es polémico el multimillonario plan de infraestructura de Trump que algunos en Estados Unidos llaman una estafa
El tan anticipado plan para modernizar las infraestructuras de Estados Unidos de Donald Trump es para algunos "una estafa".
Los gobiernos locales tendrían que cargar con la mayoría de los costos bajo el proyecto de Trump. GETTY IMAGES
Si quienes lo apoyan defienden la necesidad de modernizar las envejecidas infraestructuras del país, los críticos dicen que busca en realidad privatizarla, beneficiando a las corporaciones con descuido para el medioambiente.
El proyecto, una promesa electoral de Trump, es parte de una propuesta presupuestaria de US$4.4 billones que abandona el objetivo de larga data de los republicanos de balancear las cuentas federales en el transcurso de una década.
“Hemos gastado US$7 billones en Medio Oriente, US$7 billones. Qué error”, dijo el lunes el presidente desde la Casa Blanca.
“Y estamos intentando construir carreteras y puentes, y arreglar puentes que se están cayendo y nos cuesta conseguir el dinero y es una locura”, continuó.
¿Qué dice la propuesta?
Un funcionario de alto rango del Gobierno que declaró a los medios el pasado fin de semana dijo que la inversión de US$200 mil millones se pagaría de “ahorros de otras áreas del presupuesto federal”.
El plan contempla que US$50 mil millones de fondos públicos se destinen a modernizar la infraestructura en zonas rurales, muchas de las cuales votaron por Trump en las elecciones presidenciales de 2016.
La propuesta incluye US$100 mil millones para un programa de incentivos “para estimular fondos dedicados adicionales de los estados, localidades y del sector privado”.
Los fondos dedicados estatales deben, por ley, destinarse o apartarse para un propósito específico.
El gobierno estadounidense también quiere obtener US$20 mil millones en préstamos y bonos para financiar proyectos que incluyan servicios como transporte y agua.
El proyecto les permite a los estados añadir o aumentar los peajes en autopistas interestatales, y cobrar tarifas por utilizar las zonas de descanso en las autopistas.
Sin embargo, les prohíbe a los estados cobrar por “servicios esenciales como el agua o el acceso a los baños”.
El plan también busca reducir el tiempo requerido para obtener permisos ambientales.
El gobierno de Trump tiene planeado vender los aeropuertos Reagan National y Dulles International, cerca de Washington DC, como parte del proyecto.
“El gobierno federal es propietario y opera cierta infraestructura que sería más apropiado que estuviese en manos de entidades estatales, locales o privadas”, indica el plan.
¿Un puente legislativo a ninguna parte?
Análisis de Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC en Washington
Si hay algo que aman los políticos, es gastar dinero en infraestructura. Crea empleos, complace a los comercios y les da a los funcionarios algo tangible para resaltar cuando los electores preguntan qué han hecho por ellos últimamente.
Así que es un logro bastante notable que el gobierno de Trump haya ideado un plan de infraestructura que probablemente goce de popularidad limitada y sea difícilmente aprobado en el Congreso.
El problema principal para la Casa Blanca es que la propuesta no designa nuevos fondos para puentes, vías férreas, carreteras y túneles. En cambio, recomienda retirar dinero de otros programas gubernamentales, aunque le deja al Congreso la tarea poco envidiable de determinar de dónde recortar.
Además, el plan se apoya fuertemente en los estados y las localidades para que paguen por los proyectos. Por lo general, sus presupuestos siempre están apretados y recortes recientes a las deducciones federales por estado y los impuestos locales harán que sea más difícil generar ganancias.
Luego está el componente de financiamiento privado en la propuesta. Aunque parece atractivo en teoría, el cobro de peajes y tarifas que llenan los bolsillos corporativos han sido tradicionalmente impopulares entre los estadounidenses.
Esto no significa que no se aprobará una ley de infraestructura. Las probabilidades son, sin embargo, que lo que el Congreso apruebe sea muy diferente a lo que presentó el lunes la Casa Blanca.
“Estafa”
La propuesta ya enfrenta una dura oposición.
No ofrece tanto financiamiento nuevo del gobierno federal como quieren los demócratas. Estos han abogado por una inversión en infraestructura pública de cinco veces el monto propuesto por Trump.
“Después de un año lleno de alardes vacíos, el presidente finalmente dio a conocer una débil estafa de infraestructura que no satisface en lo absoluto lo que necesitan las comunidades en Estados Unidos”, dijo la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
En la derecha, es probable que los halcones antidéficit rechacen cualquier gasto nuevo a menos que se puedan encontrar ahorros en otras partes del presupuesto.
Algunos críticos dicen que el plan del gobierno es un intento de privatizar la infraestructura del país, transfirieron la carga de los costos a los estados, lo que pasaría a su vez a los ciudadanos.
Los ambientalistas, por otra parte, señalan que la idea de acortar el proceso de revisión para conceder permisos aumentaría los riesgos para la vida salvaje vulnerable.
“Es una estafa para forrar los bolsillos de los contaminadores corporativos al eviscerar las protecciones ambientales”, dijo el Center for American Progress, un centro de estudios de tendencia liberal.
Pero un prominente grupo de negocios no tuvo más que halagos para el plan del presidente.
“Podría ayudarnos a reclamar nuestro legítimo lugar como líder global de la verdadera infraestructura del siglo XXI”, declaró Jay Timmons, director de la Asociación Nacional de Manufactureros de EE.UU. (NAM, en inglés).
¿Qué pasa ahora?
El Gobierno explicó que la propuesta es un punto de partida para las negociaciones.
Pero Trump lo ha convertido en una prioridad legislativa para este año, cuando se avecinan las elecciones parlamentarias de noviembre.
El mandatario se reunió con funcionarios estatales y locales el lunes, incluidos los gobernadores de los estados de Wisconsin, Luisiana, Virginia y Maine.
Trump intentará vender la propuesta a líderes del Congreso el próximo miércoles.
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