Ayer fue capturado el expresidente de la República Álvaro Colom Caballeros. Junto a él varios de sus ministros. Escribir esta nota cuando se es amigo personal de Juan Alberto Fuentes Knight, exministro de Finanzas Públicas y quien también es colega columnista de Prensa Libre, resulta difícil porque el cariño aflora en estos momentos difíciles, encontrándome seguro de que sabrá enfrentar esta situación y encarará el proceso con la transparencia que le ha caracterizado.

De acuerdo con lo que ha trascendido en noticias de prensa, el punto toral del asunto fue haber firmado, en Consejo de Ministros, el acuerdo gubernativo 103-2009 de abril de 2009, por el cual se autorizó al Ministerio de Finanzas para que con cargo del presupuesto general de egresos del Estado se otorgaran desembolsos, en calidad de inversión, hasta por la cantidad de 35 millones de dólares, “a favor de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos de la Ciudad de Guatemala, cuyo destino fue financiar el proceso de implementación del sistema prepago en las unidades de transporte urbano en la Ciudad de Guatemala”.

La decisión fue tomada en Consejo de Ministros y ahora enfrentan proceso penal por peculado y fraude los exfuncionarios. Firmaron también el Acuerdo, junto con el presidente Colom y el ministro Fuentes Knight, Salvador Gándara, como ministro de Gobernación; Haroldo Rodas Melgar, ministro de Relaciones Exteriores; Ana Ordóñez de Molina, ministra de Educación; Luis Alfredo Alejos Olivero, ministro de Comunicaciones; Édgar Alfredo Rodríguez, ministro de Trabajo; Óscar Erasmo Velásquez Rivera, viceministro de Economía, encargado del despacho; Mario Roberto Aldana, ministro de Agricultura; Celso Cerezo Mulet, ministro de Salud Pública; Alfredo Pokus Yaquian, viceministro de Energía y Minas, encargado del despacho; Jerónimo Lancerio, ministro de Cultura y Deportes; y Luis Alfredo Ferraté Felice, ministro de Ambiente; habiendo sido secretario general de la Presidencia don Carlos Larios Ochaita, quien no tiene responsabilidad en la toma de la decisión, por ser fedatario.

Capturar a todo un gabinete por una decisión tomada dentro de él reviste un caso inédito y sin duda representa un desafío enorme. Un proceso penal tiene dos objetivos, el primero, la investigación de la verdad; y segundo, establecer la eventual responsabilidad de quien o quienes son juzgados. Acá no hay ninguna acusación de lavado o cohecho (soborno); en consecuencia, el debate propio del derecho constitucional y del derecho administrativo sobre la naturaleza de la decisión asumida en Consejo de Ministros marcará, en buena parte, el tema penal. Establecer la ruta del dinero, saber quién se apropió de esos fondos y conocer cómo fueron gastados es lo que marcará el desenlace, y lastimosamente la Contraloría General de Cuentas es la gran ausente para este tipo de extremos.

Con este operativo del Ministerio Público y la Cicig se registra la investigación a un segundo gobierno y ataja el sambenito que se venía dando por muchos que deslegitimaban los esfuerzos con argumentos ideológicos, lo cual políticamente representa un avance, pero es lógico que desde la perspectiva judicial encerrará otro tipo de desafíos.

Los delitos de peculado y fraude fueron reformados por el Congreso en la época del Partido Patriota, por lo cual los exfuncionarios serán juzgados por la ley vigente al momento en que se dieron los hechos y esto también marca situaciones cuantitativas y cualitativas muy distintas, tanto los tribunales como el Ministerio Público deberán explicar a una ciudadanía que no conoce de normas y leyes las diferencias.

Los procesos penales que se siguen en esta batalla por sanear el país tienen especial relevancia en el futuro marco institucional. Es por eso que la sociedad en general debe ser la primera vigilante.

@Alex_balsells