Las próximas elecciones, vale la pena repetir, no podrán tener resultados positivos o nuevos si no se hacen reformas fundamentales y programas  preparados por el Tribunal Supremo Electoral. Estas deben ser consensuadas entre grupos verdaderamente representativos de la sociedad, dispuestos a escoger cuáles son los temas no negociables y cuáles se pueden discutir para llegar a un acuerdo sobre los temas donde hay espacio para ceder en algo, con el objeto de beneficiar al resto de ciudadanos y por supuesto al país. Puede haber una especie de reglamentaciones transitorias, a fin de permitir la recuperación del desaliento popular a consecuencia del pillaje y la corrupción generalizadas.

Dentro de las posibilidades, algunos sectores se han estado organizando para fundar un nuevo partido político, sobre la base de ser estas instituciones las encargadas de manejar algunas de las riendas del país. A mi juicio, deben tener cuidado y estar convencidos de la necesidad sentida y demostrada en las manifestaciones de la plaza, en el 2015. Un partido nuevo con sólo un integrante de la vieja política, está condenado a no pasar de zope a gavilán, como dice el viejo refrán español. Se debe llamar a personas interesadas en hacer algo por el país, pero al mismo tiempo otorgarles una serie de cualidades personales, entre las cuales se incluye una ética a toda prueba.

En el proceso electoral se esperan algunas semillas de legalidad, cuya sospecha de pérdida causa daños terribles en la imagen de todos los partidos y sus integrantes. Esto encaja también en el sistema jurídico cuando le toca tomar dictámenes sobre asuntos políticos. Un ejemplo de esto son los controversiales fallos por los cuales Álvaro Arzú padre y Orlando Blanco parecen salir beneficiados, pero si se piensa al revés, los efectos podrían ser negativos para el resultado final, y con ello se desprestigia el sistema, porque al final deben corregir los procesos otras instancias ante las inminentes reacciones de la parte acusadora.

El caso Arzú implica, hasta ahora, el triunfo del mal sobre el bien, de la burla a la ley, el peor de los males en un sistema político en vías de buscar la credibilidad. La decisión de los jueces en estos casos puede ser interpretada de varias maneras: a) total incapacidad profesional; b) haber cedido a algún tipo de presiones de alguien; c) corrupción; d) deseo personal de quedar bien con los beneficiados; e) considerarse incapaz de tomar la decisión y por ello transmitir la responsabilidad a alguien de jerarquía superior. Como sea, el mensaje para el resto de ciudadanos guatemaltecos es claro: el delito, el crimen, sí pagan. ¿Cuál será la idea predominante? No lo sé, pero de seguro resulta fácil predecirlo con certeza.

Este veredicto es provisional, pero no se puede confiar en un cambio en la instancia superior. Lo mismo ocurre con el caso de los partidos. La frustración es el elemento fundamental para la desidia, el desapego cívico y, con ello, la entronización de los políticos marrulleros actualmente en el mando del país. Se necesita un corte de tajo, dadas las circunstancias, y debe prepararlo el TSE a causa de su experiencia y de las circunstancias actuales. Reitero: se necesita valor, porque algunos de los aspirantes al MP piensan en su papel como si tuvieran la obligación de “pagar el favor” de haberlos llevado al puesto. Aunque no parezca hay relación entre premio a la impunidad representada por un Arzú y un Blanco favorecidos de momento, con el del difícil convencimiento al ciudadano de acercarse a las urnas.