Cuando el presidente Jimmy Morales decidió declarar no grato al jefe antimafia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, el 27 de agosto de 2017, una de las primeras voces internacionales contra esa medida fue la de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, quien rechazó el paso dado por el gobernante guatemalteco y anunció su respaldo al comisionado.

Hoy, Haley se convierte en la primera diplomática con la representación estadounidense ante la ONU en visitar dos países centroamericanos sobre los que claramente se impone una agenda de tres puntos: combatir el narcotráfico, manifestar su respaldo en la lucha contra la corrupción y demandar acciones más efectivas contra la criminalidad.

Estos aspectos son parte de una agenda más amplia de Estados Unidos en la región, pero que en los últimos meses se ha concentrado en los países del Triángulo Norte, aunque en esta ocasión su periplo la llevará primero a Honduras y luego a Guatemala, obviando a El Salvador, dos de las naciones que aparecen claramente en los radares internacionales por la rampante corrupción, lo cual impacta en la seguridad regional y en el flujo de ilícitos hacia el norte del continente.

Es muy probable que en Honduras la diplomática tenga que poner en claro cuáles son las exigencias puntuales de Washington sobre el deterioro de la democracia, porque los últimos acontecimientos preocupan a muchos gobiernos, como ocurrió con el reciente proceso electoral, en el que hubo numerosas denuncias de fraude y provocó que hasta la Organización de Estados Americanos exigiera repetir los comicios.

Sin embargo, Estados Unidos hizo un rápido reconocimiento de una presidencia deslegitimada, lo que causó confusión en la región, porque dejó entrever una fisura entre lo que opinaba un organismo continental y la misma sede diplomática estadounidense en Tegucigalpa, con las decisiones que la burocracia del Departamento de Estado estimó más convenientes, pero que en nada ayudaron a silenciar las protestas, que han dejado al menos 30 muertos.

Es probable que para la destacada diplomática sea muy claro el panorama a tratar en Guatemala, porque aquí la pugna se reduce a un puñado de mafiosos enquistados en el Estado que se resisten a someterse al imperio de la ley y han llevado la situación a extremos de crear condiciones de conflictividad, lo cual amenaza la gobernanza. Eso explica que en nuestro país su agenda contemple reuniones con los más amplios sectores nacionales, ante los cuales simplemente ratificará la percepción foránea de la realidad nacional.

Un punto que incluso podría ser de los más importantes en su agenda, aunque oficialmente no está escrito, es presionar a las más altas autoridades gubernamentales para que no se vaya a dar un desenlace infeliz en la próxima elección de Fiscal General, que para Estados Unidos es crucial incluso en programas de cooperación, sobre todo porque Washington ha sentido en la actual dupla MP-Cicig una palanca efectiva en la lucha contra la corrupción.