Entre estos cobros adicionales están el pago de servicio de transporte escolar, compra de uniformes, útiles y otros, en los cuales los establecimientos no entregaron ningún documento contable.
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Esos son los casos que están en proceso, y se realiza una auditoría donde llega el personal de la SAT. De los 244, 74 centros educativos fueron notificados y deben presentar sus pruebas de descargo.
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Además, las autoridades fiscalizadoras notificaron que en siete casos hubo resistencia al proceso de fiscalización, cuatro en la región central y tres en el área nororiente del país, eso significa que las personas se resistieron a la actividad fiscalizadora.
El programa de fiscalización también alcanzó a los arrendamientos de edificios, apartamentos y viviendas. La SAT notificó 48 en la región central, se entrego información a 27, y están pendientes de entregar información 16 contribuyentes.
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Villamar expuso parte de sus planes a llevar a cabo este año y proyectan un recaudo con estas acciones en aproximadamente Q250 millones.
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