Tiene varios trabajadores, paga impuestos y contribuye con la economía estadounidense. Lo hace con libertad porque es beneficiario del Daca, el alivio migratorio, cuya continuidad está en discusión desde el martes pasado en la máxima corte de justicia de EE. UU.
Este guatemalteco de 28 años es uno de los 17 mil 260 guatemaltecos que hasta el 30 de junio pasado han sido beneficiados con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca, en inglés), orden ejecutiva decretada por el presidente Barack Obama en junio del 2012 y que su sucesor, Donald Trump, quiere eliminar.
El Daca es una medida migratoria que aplica a todos aquellos jóvenes que llegaron a EE. UU. antes de cumplir los 31 años y antes del 12 de junio del 2012, quienes son conocidos como “dreamers” —soñadores, en español—.
Aunque no es en sí mismo un estatus migratorio legal definitivo, el Daca protege de la deportación a los beneficiarios; además, les da la oportunidad de contar con permisos para conducir y de trabajo, y como en el caso de Édgar, de constituir una empresa o negocio propio.
En total, hasta el 30 de junio pasado, 660 mil 880 jóvenes migrantes, entre ellos, los más de 17 mil guatemaltecos, han recibido los beneficios del Daca, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. Su futuro pende ahora de la Corte Suprema, compuesta por nueve magistrados, cinco conservadores, de los cuales dos fueron nombrados por Trump.
El Supremo de EE. UU. tiene hasta junio del 2020 para emitir una resolución, aunque podría adelantarse para principios de año.
Historia de superación
Édgar llegó a EE. UU. cuando tenía 13 años, en el 2004. Migró desde Puerto San José, Escuintla, por sus deseos de superación, y aunque siempre tiene en mente a su familia, e incluso cada Navidad organiza un festejo para los niños de la comunidad donde creció, está consciente de que ya tiene una vida hecha en aquel país.
Estudió dos años arquitectura en la escuela preparatoria de Los Ángeles, California, donde reside, y está en sus planes retomar sus estudios para llegar a la universidad; sin embargo, por la necesidad económica tuvo que trabajar. No conforme con esto decidió formar una empresa, para lo cual el Daca se convirtió en esa llave que le abrió las puertas.
Hoy en día, aplicar a ese programa le permitió no solo tener un negocio propio, sino también comprar una casa, vehículo y cumplir con todas las regulaciones tributarias de EE. UU., algo imposible si no hubiera contado con un estatus migratorio regular.
Édgar dice que le “encantaría” volver a Guatemala, pero entra en duda cuando reflexiona lo dificultoso que es, por ejemplo, formalizar una empresa en este país. Recuerda que su familia ha hecho intentos por obtener préstamos bancarios y comenzar un negocio, pero las puertas se cierran. “Nosotros mismos nos ponemos las trabas”, se lamenta.
Es por esa razón que desea que el gobierno no derogue el Daca. Quiere lo mejor para su hijo, que tiene la nacionalidad estadounidense, y sabe que regresar a Guatemala “no es la mejor opción”.
“Volver otra vez a lo mismo de antes —a tener un estatus migratorio irregular—, a sentir esa inferioridad con los demás, esa inseguridad… Ahora puedo andar tranquilo, hacer negocios tranquilo, pero eso puede cambiar”, señala Édgar.
Incertidumbre
El problema para miles de jóvenes soñadores no es solo el que, al derogarse el Daca, sean deportados, sino que muchos ni siquiera conoce su país de origen.
Elí Chávez, por ejemplo, migró de Guatemala cuando apenas tenía ocho meses y no tiene ni siquiera un vago recuerdo del país donde nació. Actualmente estudia medicina y quiere seguir cosechando éxitos en EE. UU. país que considera suyo.
En una entrevista concedida hace unos meses señaló que deportar a los soñadores sería un “terrible error” porque muchos son profesionales muy capaces que aportan mucho a la nación estadounidense.
Trabajadores y estudiosos
El pensar en la posibilidad de ser deportados a un país que no conocen y sin siquiera —en la mayoría de casos— hablar español mantiene estresados a los jóvenes soñadores, confirma Anamaría Tejada, guatemalteca que labora en una oficina de asuntos legales en Los Ángeles.
“Hay muchos dreamers que no conocen sus países de origen ni tampoco hablan español, y muchos han salido adelante, se han superado, han seguido estudiando o han abierto sus negocios. No conozco ninguno que haya cometido delitos, al menos no en esta área”, añadió.
Para Tejada, es probable que más de algún beneficiario del Daca en todo EE. UU. haya cometido algún error o delito, pero considera es una minoría ya que los que ella conoce “son muy trabajadores y estudiosos”, por lo cual “no se puede juzgar a todos por igual”.
Por tal motivo ve injusto que puedan ser enviados de vuelta a un país en donde no tienen ni la menor idea de cómo desarrollarse ni desenvolverse.
En tal sentido, Hugo Mérida, presidente de la Coalición Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos (Conguate), precisó que al haber sido llevados a EE. UU. siendo muy pequeños los soñadores desconocen las tradiciones y costumbres de sus países de origen, con lo cual la posibilidad de una deportación impacta emocionalmente a sus familias.
Añadió que, por su juventud, los soñadores se han adaptado más fácilmente al sistema y modelo de vida estadounidense de tal forma que hoy en día aportan mucho al PIB (Producto Interno Bruto) de EE. UU. Además, hay muchos profesionales destacados que se han beneficiado gracias a este programa.
Ambos líderes migrantes califican de “falsedad” cuando Trump afirma que los soñadores se han convertido en criminales y consideran que lo hace (y seguirá haciendo) por sus interesas políticos ya que pretende quedar bien con un grupo social estadounidense que ve mal a los migrantes.
¿Quiénes pueden acceder a Daca?
- Haber llegado a EE. UU. antes de cumplir 16 años.
- Haber sido menor de 31 años al 15 de junio del 2012, fecha en que entró en vigencia el programa; además, haber estado presente en EE. UU. este día.
- Haber vivido continuamente en EE. UU. desde el 15 de junio del 2007 hasta la fecha en que se presente la solicitud.
- No haber tenido estatus legal el 15 de junio.
- Estar estudiando al momento de la solicitud o haber obtenido un diploma de secundaria
- No haber sido condenado por un delito grave, delito menor significativo, o tres o más delitos menores.
- El costo de la solicitud es de US$495
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