El abogado penalista Rodolfo Pérez Trabanino dice que con estas reformas se está desarticulando el sistema penal del país porque también abarca los delitos que comenten los pandilleros y bandas del criminen organizado dedicadas al robo de carros, celulares, casas, estafas, fraudes y otros delitos contra la seguridad pública, que afectan día a día a la población.
LE PUEDE INTERESAR:
El penalista asegura que la mayoría de estos delitos los contempla el Código Penal y tienen penas menores de 10 años. “Los pandilleros cometen delitos de venta de drogas al menudeo, portación ilegal de armas y otros delitos. Los van a capturar, van a reconocer los hechos, les van a dar Q5.00 diarios de conmuta y el día siguiente saldrán libres. En eso se resume la reforma”.
Pérez Trabanino expresa que la población le está poniendo mucha atención a los casos de los funcionarios que están acusados de corrupción, pero que la cantidad de estos sindicados es irrelevante si se compara con la cantidad de delincuentes que estarían fuera provocando daño a la población por medio de asaltos y robos de todo tipo.
La ley de Aceptación de Cargos, aunque condiciona los beneficios y no alcanzaría a reincidentes, Pérez Trabanino lo ve como una condicionante ambigua, ya que podría entenderse la reincidencia para el mismo delito, no la cantidad de procesos.
“Si a alguien lo capturan por robo y acepta el cargo, lo conmutan; cae por segunda por defraudación lo acepta y lo conmutan; lo capturan por tercera vez por estafa y también queda libre. Es un tema que le pega a todos los guatemaltecos”, explica Pérez Trabanino.
En cuantos las personas que se encuentran sindicadas de corrupción, el abogado penalista dice que estos procesos se encuentran en diferentes momentos, “algunos ya pasaron alguna declaración, otros ya reconocieron los hechos, por lo que en estos momentos no se sabe si necesariamente esta reforma los va a apoyar”.
Dejan fuera los procesos de corrupción
El coordinador del Programa de Justicia de Impunity Watch, José Gonzalez, dice que el problema fundamental de las reformas es que dejan fuera la prohibición de que estas sean aplicables a los delitos y procesos por corrupción. “Aunque establecen algunas restricciones en la aplicabilidad de la aceptación de cargos, lo cierto es que estas no son suficientemente amplias”.
A criterio de González, estas reformas ponen en riesgo una serie de procesos que tienen que ver con el crimen organizado y las estructuras de corrupción, lo que podría generar impunidad, porque, aunque en teoría estén sancionados, “prácticamente la pena no respondería con la afectación jurídica que se estaría teniendo con los bienes que se están lacerando”.
González dice que la aplicación de estas reformas va a tener una implicación sobre los casos que ha trabajado la Fiscalía Especial Contra la Impunidad porque son los delitos de la Ley contra la Corrupción los que no se encuentran restringidos en esta aplicación. “Entonces cualquiera que pueda cumplir medianamente con los requisitos podrían ser objeto de un beneficio de aceptación de cargos y una reducción de penas”, explica.
