Un dinero que deberá devolver íntegro en concepto de reparación por el daño causado.
El Juzgado de Primera Instancia Penal de Huehuetenango decidió este viernes que juzgará por los delitos de asociación ilícita, estafa propia, concusión y cohecho pasivo a 15 de las 17 personas acusadas, entre funcionarios, exfuncionarios y empresarios que fueron desarticulados el pasado 25 de octubre.
La constructora Kelly es una contratista conocida en la zona, pues le han adjudicado proyectos millonarios en varias municipalidades y en el periodo analizado hay contratos por valor de Q25.2 millones.
Aunque los procesos para adjudicar los contratos tenían una “aparente legalidad”, la investigación determinó que los concursos se habían manipulado como parte de un “acuerdo previo” entre los integrantes de la estructura.
Esto se demuestran con que siempre competían las mismas empresas y todas acababan estando relacionadas con el dueño de la constructora, Héctor Leonel Castillo Gómez, prófugo de la Justicia.
Precisamente se comprobó que Castillo emitió 155 cheques a favor de distintas personas por Q2.1 millones.
Entre los procesados en el caso se encuentran el presidente y representante legal de Pro-Huehue, Rodrigo González Ochoa; los extesoreros Lusbin Adriel Santos Tohón (Aguacatán) y César Adán Barillas Alonzo (San Bartolo Aguas Calientes); y los exalcaldes Gaspar Marquín Simón (Aguacatán), Andres Chiroy Cux (San Andrés Xecul) y Eugenio Aguilar Martín (Santiago Chimaltenango).
Lázaro Gómez Gómez, propietario de una de las constructoras implicadas, había sido procesado pero el juez no abrió juicio en su contra.
Por este caso, las autoridades presentaron una solicitud de antejuicio contra el actual alcalde de Huehuetenango, Gerónimo Martínez Gómez, por entender que en el periodo que abarca la investigación participó en esta red.
