Colom Argueta, tiempo después, fue dirigente del partido Frente Unido de la Revolución (FUR) y alcalde de la capital entre 1970 y 1974 por la Unidad Revolucionaria Democrática (URD).
Por eso, este líder opositor fue víctima de acoso político por 22 años, desde 1957 hasta su asesinato, en 1979.
“Tal persecución es comprobable al consultar documentos que están al resguardo del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN)”, indica su director, Gustavo Meoño Brenner.
El fondo documental, tanto los pertenecientes a la extinta Policía Nacional (PN) como a la Policía Nacional Civil (PNC), tiene más de 80 millones de folios.
Fueron descubiertos fortuitamente en julio del 2005 luego de que vecinos de la zona 6 capitalina denunciaran que en el sector había un predio prácticamente abandonado en el que se guardaban explosivos, por lo que temían que sucediera un accidente. Fue entonces que la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) efectuó una diligencia de inspección y halló gigantescas pilas de papeles con informes de la PN y de la PNC. Cabe aclarar que el Estado siempre había negado la existencia de toda esa documentación.
De esa cuenta, la PDH solicitó de forma legal que el depósito quedara inmovilizado para recuperar, identificar, clasificar y digitalizar todos los documentos, fotografías y otros materiales encontrados. Hoy, en esas mismas instalaciones, se encuentran los archivos históricos de la PN y PNC —estos últimos resguardan los informes generados desde que se formó ese cuerpo de seguridad, después de la firma de la paz, hasta la actualidad—.
El descubrimiento
“Todo estaba tirado, desordenado y sucio; muchos papeles estaban humedecidos y, además, proliferaban las plagas”, rememora Luisa Fernanda Rivas, encargada de Comunicación y difusión del AHPN. “El trabajo de rescate se llevó a cabo casi de inmediato”, agrega.
Pese a las limitaciones financieras, el edificio —que en la década de 1980 iba a ser el Hospital de la PN— se encuentra en mejores condiciones. En la entrada, a un extremo de un pequeño sector denominado Plaza de la Concordia, hay un monumento del artista Max Leiva en el que se observa una pared partida en dos, la cual representa a un país fracturado. “Nuestro deber es volver a juntarla; es decir, unirnos como guatemaltecos”, dice Rivas.
En el extremo opuesto hay otra obra de arte en la que se observa el “ángel de la paz y de la concordia”, donado por José Pepo Toledo. “El 8 de marzo se inaugurará una réplica del Monumento a la Paz”, anuncia la comunicadora.
En la entrada de las instalaciones hay un pequeño museo que muestra el precario estado en el que se encontraron los documentos, los cuales abarcan temáticas tan amplias que van desde el conflicto armado interno hasta los experimentos con enfermedades de transmisión sexual efectuados en Guatemala con el patrocinio del gobierno de Estados Unidos en la década de 1940.
Sin embargo, desde su descubrimiento, el AHPN dio prioridad a la recuperación, clasificación e investigación de todos los folios comprendidos entre 1975 y 1985, pues aquellos años fueron los más cruentos de la guerra en el país. “Hay indicadores terribles sobre desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones sexuales con fines represivos o sustracción de niños”, refiere Rivas.
Hasta ahora hay 22 millones 300 mil documentos digitalizados, los cuales están disponibles en línea de forma gratuita, lo cual requiere una identificación y capacitarse para operar el programa de cómputo.
El terror
“Dentro de la información se descubrió que la PN redactaba fichas de control criminal, pero también de seguimiento político y social, tal como lo demuestran los casos de Colom Argueta u Oliverio Castañeda, ambos perseguidos por el Cuerpo de Detectives, el departamento encargado de llevar a cabo el trabajo de inteligencia”, indica Meoño Brenner.
En relación con Castañeda, un informe confidencial del 4 de agosto de 1978 lo tilda de “agitador” por haber participado en una manifestación de repudio por la muerte de un sindicalista.
Casi tres meses después (20 de octubre), el sancarlista fue asesinado. Respecto de ese hecho, la PN mantuvo una comunicación sin remitente fechada el 7 de noviembre de 1978 en la que se menciona que el supuesto autor material fue el Chino Lima, apelativo con el que se conocía al coronel de policía Juan Antonio Lima López, quien aparecía en una nómina de la Sección de Investigaciones Especiales Comando Seis, donde era el segundo al mando después de Pedro García Arredondo, consigna el libro Del Silencio a la Memoria; revelaciones del AHPN.
Otro ejemplo de persecución es el caso del dirigente estudiantil y sindical Édgar Fernando García, quien según la denuncia presentada por su madre y esposa, fue capturado el 18 de febrero de 1984 a eso de las 11 de la mañana a inmediaciones del mercado El Guarda, zona 11.
Luego, en el AHPN se encontró un documento donde el jefe del cuarto cuerpo de la PN proponía que se premiara a cuatro agentes que “de manera heróica y arriesgando sus vidas”, procedieron a la captura de dos “delincuentes subversivos” en esa misma fecha, hora, y lugar, lo cual coincidía perfectamente con la denuncia de la familia de García.
En el 2010, dos exagentes del cuarto cuerpo de la PN fueron condenados a 40 años de prisión por el delito de desaparición forzada. Por el mismo caso, Héctor Bol de la Cruz y Jorge Alberto Gómez, exdirector y exjefe del cuarto cuerpo de esa institución, respetivamente, fueron sentenciados con la misma pena, en el 2013.
Control ciudadano
La obra Del Silencio a la Memoria; revelaciones del AHPN indica que existía otro seguimiento similar denominado Registro Maestro de Fichas, el cual se implementó entre 1935 y 1986, tiempo en el que se calcula que hubo al menos un millón de personas registradas.
Asimismo, en el marco de la estrategia de contrainsurgencia, se construyó una idea básica sobre las fuerzas enemigas para así controlar y actuar en contra de la población, de los líderes y de organizaciones políticas, sociales, religiosas o guerrilleras.
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También resulta interesante saber que la PN manejaba información sobre la vida cotidiana, la cual plasmaba en informes llamados “novedades comunes”, en los que se incluían accidentes, eventos sociales, culturales, económicos, religiosos y deportivos. De esa cuenta, las fuerzas de seguridad controlaban los movimientos de la población calificada como “sospechosa” o “peligrosa”, aunque solo fuesen caminando por la vía pública. “… A eso de las 17.20 horas sospechosamente se encontraba un individuo a inmediaciones del Parque Central, por lo que procedieron a detenerlo preventivamente; al identificarlo este responde al nombre de Francisco Sar Barrios”.
En otro informe, este proveniente de San Marcos, indicaba que había sido detenido Emilio González Muñoz “por encontrársele sospechoso y sin ningún documento de identificación, por lo que de aquel lugar fue remitido a esta ciudad capital, para su investigación respectiva” (sic).
Rescate y transparencia
En el archivo de la PNC, dirigido por el experto en investigación criminal Fernando Rodríguez Klarck, se conserva toda la información para transparentar la labor policial. “Aquí se guarda todo, desde las denuncias de los ciudadanos o prevenciones policiales, hasta las papeletas de servicio diario u órdenes de captura”, explica.
“La importancia de estos archivos es que así es posible rescatar la memoria histórica de nuestro país, así como de acercarnos a la verdad y a la justicia”, expresa Rivas.
Informes secretos
La Policía Nacional (PN) reclutó a agentes confidenciales, que eran personas particulares que apoyaban a esa institución en materia de control ciudadano e inteligencia. Estos entregaban información a sus contactos en la PN acerca de supuestos “subversivos”, “reductos guerrilleros” u opositores al régimen. Fuente: AHPN
Transcripción
(Documento fechado el 16 de septiembre de 1970).
Señor jefe,
Adjunto a la presente le remito un folleto de propaganda subversiva que el muchacho Carlos Alfredo Sam dejó la semana pasada sobre mi escritorio en una de las aulas del departamento de Mercadotecnia de la Universidad Landívar.
De lo anterior, puedo dar fe con toda seriedad puesto que vi personalmente a dicho compañero repartir los folletos.
Con todo respeto y consideración, me suscribo atentamente,
Julio César Valdéz
P.D.: El mencionado compañero dejó de asistir a clases hace algunos meses y solo llega de vez en cuando.
Los aportes
El Archivo Histórico de la Policía Nacional tiene numerosos documentos que han contribuido en el ejercicio de la justicia, pues han servido como base para investigación criminal y como elementos de prueba en la persecución penal.
Quema de institución diplomática
El 31 de enero de 1980, la sede de la Embajada de España en Guatemala fue tomada por campesinos y estudiantes que intentaban llamar la atención internacional por los abusos y la represión que cometía el Ejército en contra de la población de Quiché.
Ese día, las fuerzas de seguridad del Estado incendiaron la sede diplomática con lanzallamas y vedaron el ingreso de los cuerpos de socorro para controlar el fuego.
Por esa masacre, el 1 de octubre del 2014 empezó el juicio contra Pedro García Arredondo, entonces jefe del Comando 6 de la extinta Policía Nacional; el 20 de enero del 2015 fue sentenciado a 40 años de prisión inconmutables y a 50 años más por la muerte de los universitarios Jesús Alberto España Valle y Gustavo Adolfo Hernández González, quienes participaron en el cortejo fúnebre de las víctimas.
Para este caso, el Archivo Histórico de la Policía Nacional aportó 309 documentos que fueron vinculados al expediente judicial por la quema de la Embajada y otros 165 por la muerte de los estudiantes.
Desaparición forzada
El 4 de marzo de 1981, el estudiante sancarlista Édgar Enrique Sáenz Calito fue capturado por agentes del Comando 6 de la Policía Nacional (PN), acusado de tener propaganda subversiva.
El 9 de junio del mismo año recobró su libertad; minutos después de salir de la carceleta del segundo cuerpo, cuando apenas había caminado unos 123 metros, hombres fuertemente armados, presuntos miembros de la PN vestidos de particular, lo detuvieron y lo metieron en un vehículo. Nunca más se volvió a saber de él.
Sobre el caso fueron localizados 646 documentos dentro del AHPN, los cuales fueron vinculados al expediente judicial. Por ese motivo, Pedro García Arredondo, jefe del Cuerpo de Detectives de la PN por entonces, fue capturado en julio del 2011 y fue ligado a proceso. Fue condenado a 70 años de prisión inconmutable por los delitos de desaparición forzada y deberes contra la humanidad.
Diario Militar
En 1999, este expediente le fue entregado extraoficialmente a Katherine Doyle, del Archivo de Seguridad Nacional de EE. UU., y se convirtió en la “prueba reina” sobre la sistematización de la represión en Guatemala durante la Guerra Interna.
En su contenido se detalla la desaparición forzada y el destino que supuestamente tuvieron algunos de los 198 capturados durante agosto de 1983 a marzo de 1985, que fue la muerte bajo tortura o por ejecución extrajudicial.
El Archivo Histórico de la Policía Nacional efectuó un análisis y peritaje archivístico a seis mil 36 documentos en su poder, los cuales, según Doyle, tienen información que “confirma y complementa lo registrado por el Diario Militar”.
Resueltos y en curso
El AHPN ha brindado documentos para esclarecer casos como el de la masacre ocurrida el 24 de noviembre de 1988 en la aldea El Aguacate, Chimaltenango, donde fueron ejecutados 22 campesinos. El imputado: Fermín Felipe Solano Barillas, excombatiente de la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (Orpa), quien fue sentenciado a una larga condena de prisión inconmutable.
Otros peritajes pendientes de sustentarse en debate oral y público son los que se refieren a las desapariciones forzadas de Marco Antonio Molina Theissen —cuatro militares enfrentan cargos— y de Luz Leticia Hernández Agustín y Ana María López Rodríguez.
