El próximo jueves, 8 de marzo, se conmemorará el Día Internacional de la Mujer. Este día sirve para hacer un homenaje a las mujeres, hermanas e hijas, madres y abuelas, maestras y estudiantes, obreras y científicas, profesionales y cuidadoras, políticas y empresarias que al luchar por sus derechos, han promovido las garantías de todos a tener voz y voto, educación y salud, vivienda, trabajo, tierra, justicia y seguridad social, entre otros. También es vital para reivindicar el derecho a la igualdad, contrario a los patrones patriarcales y machistas que continúan fijando formas de comportamiento, de pensar y de actuar, así como tipos de educación, trabajo y recompensa según seamos hombres o mujeres.

En Guatemala, esta rancia forma de ver el mundo ha provocado que la mayoría de mujeres terminen participado en la economía, aportando sus conocimientos y sus fuerzas sin remuneración, pesando sobre sus espaldas el sistema de protección social para la reproducción y el cuidado del hogar. Solamente en 2014, el trabajo no remunerado representó el 18.9% del producto interno bruto (PIB) y el 80% es atribuible a las mujeres. En el caso de las tareas domésticas realizadas por niñas, niños y adolescentes, la participación de las mujeres es más del doble que la de los hombres, y el trabajo femenino en el hogar no disminuye, aun cuando ellas también laboren en alguna actividad económica fuera del hogar.

En la actualidad, más de dos millones de niñas y adolescentes se encuentran fuera de la escuela, constituyendo el 52% de la población excluida de la educación y reforzando el círculo vicioso entre matrimonios prematuros, poca educación formal, muerte materna por causas prevenibles y pobreza. En ese sentido, las estadísticas oficiales advierten de que, en 2014, la pobreza y pobreza extrema afectaban al 71% de las mujeres en la primera infancia, al 68.2% de las niñas y al 64.3% de las adolescentes. Por su parte, en el mercado laboral guatemalteco, siete de cada diez mujeres trabajan en la informalidad, desprovistas de contrato de trabajo, prestaciones o seguridad social, mientras su salario es, en promedio, 14% menor que el de los hombres. Así, no es de extrañar que tres de cada cuatro hogares en pobreza extrema estén encabezados por una mujer, principalmente maya, xinka o garífuna.

En el ámbito de la salud, entre enero y junio de 2017, se inscribieron 34,685 infantes cuyas madres tenían entre 15 y 19 años de edad. Además, existen numerosos registros de niñas y adolescentes casadas de manera forzosa con sus violadores o dejadas bajo su tutela y fuera de la escuela. Sobre la mortalidad materna, baste decir que el 92% pudo ser evitable con aumentos de cobertura y mejora en la calidad de los servicios de salud. Estas estadísticas tienen sentido al observar las bajas inversiones públicas en las mujeres. Entre 2007 y 2014, por cada quetzal que el Estado ejecutó en un hombre, invirtió 88 centavos en una mujer. La muerte de las niñas del Hogar Seguro también es reflejo de un Estado misógino.

En lo político, como efecto de las barreras antes explicadas, las mujeres ocupan pocos espacios de poder. Por ejemplo, nunca ha habido una mujer presidiendo el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Industriales y Financieras (Cacif) o el organismo Ejecutivo; solamente hay 9 alcaldesas de 340 municipalidades y 26 diputadas de un total de 158 curules.

Las mujeres juegan un papel central en la sociedad. Este 8 de marzo sumémonos, alcemos la voz, movilicémonos en favor de la lucha política por la igualdad y seamos consecuentes con nuestras acciones.

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