La lucha contra la corrupción emprendida por el Ministerio Público con el apoyo de la Cicig ha sido tan efectiva y tocado puntos y actores tan neurálgicos del sistema de impunidad que los grupos de criminales organizados que usurpan puestos de funcionarios públicos o “dignatarios” de la Nación no han tenido más remedio que salir de las sombras y dar la cara, mostrando ampliamente lo viles que son.

El hampa instalada en el Congreso se lleva el primer lugar; sabe que tienen demasiado que perder, por lo que parecen estar dispuestos a todo antes que caer en las manos de la justicia. Las reformas legislativas que quieren aprobar entre ahora y el feriado de Semana Santa están llamadas a concederles el control casi total sobre el sistema de justicia, censurar las voces disidentes, restringir el apoyo a la ciudadanía y, en general, orillarnos a una condición de dictadura impuesta, tal y como sucede en Honduras sin que pestañee la comunidad internacional.

Los alcaldes no se quedan atrás. Feudo mayor, feudo menor, siempre hay algo que exprimirle al erario público. La débil institucionalidad del INE; la ausencia por años de un censo de población, la inexistencia de una ley de ordenamiento territorial, el desfase con definiciones clave de qué es rural, qué urbano, qué diferencia una aldea, caserío u otra forma de asentamiento humano, se han convertido en la perfecta excusa para más corrupción. Lo ilustró con alta precisión el reportaje de investigación que realizara la periodista Vivian Mutz para Nuestro Diario. Ya no solo se medra con plazas inexistentes; ahora también con lugares poblados enteros, inventados o contados de manera tal de asegurarse una mayor tajada posible del situado constitucional.

Finalmente, del Ejecutivo salió la orden para evitar la fuga de las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que terminara, mañana hace un año, en un incendio que las consumió. Fue el Estado el que permitió que la misma ocurriera y Jimmy no fue precisamente quien impidió que se dieran los más horrorosos hechos que terminaron con la vida de medio centenar de niñas. Tristemente, tenemos ahora nuestras propias mártires del 8 de marzo.

Alcaldes, como el de Patulul, son otro vivo ejemplo de quienes piensan que el ejercicio de su cargo público los convierte en sátrapas con derecho para actuar contra la ciudadanía: violan, torturan, hieren, abusan e incitan a la violencia a sus familiares y guardaespaldas para vejar a un ser humano de manera abominable. Como se hizo en tiempos de la guerra, cuando rajaban a las embarazadas para extraer fetos; cuando violaban colectivamente a las mujeres, cuando eliminaban sin piedad alguna a poblaciones enteras para sembrar terror, para que la gente desistiera de su dignidad humana a cambio de sobrevivir. ¿Cómo no van a haber Jabes Medas en la actualidad, si por tanto tiempo el ejemplo lo han tenido de “autoridades” que no hacen más que violentar la ley?

¿Cómo no van a robar los alcaldes hasta de los lugares más íngrimos y desolados, cometer tanta tropelía con los fondos públicos si otros sentaron el ejemplo? Han vendido enterito el patrimonio del Estado, tienen a sus familiares pagados por ese mismo Estado al que dicen despreciar, y hacen negocios turbios bajo sombrillas opacas de fideicomisos y empresas públicas municipales. Peor aún, un decano en estos menesteres es quien dirige el #PactoDeCorruptos, y quien con tal de defender su pellejo ha echado por el caño el privilegio que le diera la historia de firmar la paz.

¿Se han puesto a pensar, estimado lector y lectora, qué pasará con Guatemala si el #PactoDeCorruptos se hace del total control del país; encarcela a Thelma y expulsa a Iván?