Los diputados que tratan de aferrarse a la impunidad no descansan en su intento por aprobar iniciativas que los favorezcan. En septiembre pasado dieron luz verde a reformas para blindar a políticos señalados por financiamiento electoral ilícito, las cuales tuvieron que dar marcha atrás porque contravenían principios constitucionales y menoscababan el Estado de Derecho. Ahora van de nuevo con la intención de retorcer el sistema de pesos y contrapesos definidos en la Ley en materia de antejuicio. El encargado es el diputado Fernando Linares Beltranena, quien se ha dedicado a presentar iniciativas que favorecen a los corruptos. En esta ocasión, su objetivo es eliminar el filtro de la Corte Suprema de Justicia en el proceso de antejuicios contra dignatarios o funcionarios.

La reforma plantea que cuando un juez conozca una denuncia de antejuicio debe inhibirse y trasladar el expediente en forma directa al organismo competente para conocer y resolver. Además le prohíbe al juez que pueda emitir juicios de valor o tipificar el delito. ¿Cuál es el objetivo de Linares Beltranena? Que las solicitudes de antejuicio contra el presidente y vicepresidente de la República, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, procurador de Derechos Humanos, procurador general de la Nación y fiscal general sean conocidos directamente por el pleno del Congreso. Tal situación daría un poder omnímodo a los diputados para controlar y chantajear a estos dignatarios y funcionarios, lo cual es una aberración al sistema de pesos y contrapesos que son los cimientos del sistema político.

El engendro propuesto por Linares Beltranena deja en manos de la comisión pesquisidora la facultad de aceptar o no documentos de prueba contra quien se solicite que se levante la inmunidad y que en caso de no alcanzar los 105 votos de diputados para declarar con lugar el antejuicio, la solicitud se archivará y ya no estará a disposición del pleno. Esta última modificación tendría una dedicatoria especial para favorecer al presidente Jimmy Morales, quien tiene varios expedientes de antejuicio archivados en el Organismo Legislativo y que están en posibilidad de ser reactivados en cualquier momento.

La iniciativa que conocerá el pleno del Congreso representa un duro golpe a los controles que tiene el sistema republicano y que evitan el abuso de poder. No estamos ante un Organismo Legislativo de grandes lumbreras, sino uno en el que existe un grupo de criminales de cuello blanco cuyo único objetivo es hacer negocios con los recursos del Estado y que busca eliminar los obstáculos para sus aviesos fines. El antejuicio podría convertirse en un recurso para favorecer a sus aliados y como un arma para atacar a sus enemigos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si llegara al Congreso una solicitud de antejuicio contra la fiscal general o el procurador de Derechos Humanos? Es muy probable que sean declarados con lugar para quitarlos del camino.

Como ciudadanos de a pie debemos estar atentos a estas jugadas monstruosas que impulsa el grupo alrededor del #PactoDeCorruptos. En esa línea es un paso importante la constitución del Frente de Ciudadanos contra la Corrupción, integrado por personas provenientes de diversos sectores. En esta coyuntura debemos dejar de lado nuestras diferencias políticas o ideológicas para integrarnos en un solo frente que permita desarrollar acciones cívicas contra el círculo de poder que pretende perpetuar el sistema de saqueo de los recursos del Estado. Es necesario darle nuestro apoyo irrestricto al comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, y a la fiscal general, Thelma Aldana, así como fiscalizar el proceso de selección del próximo jefe del Ministerio Público. En la lucha contra la impunidad y la corrupción no hay medias tintas, o estamos a favor o en contra de esas lacras.