Los accidentes viales se han convertido en un importante problema de salud pública. A nivel mundial, son la primera causa de muerte entre jóvenes de 15-19 años. En Latinoamérica, la tasa promedio de muertes por tránsito es de 15.9 por cada 100 mil habitantes; en Guatemala es de 19 por cada 100 mil. En las últimas semanas hemos atestiguado varios aparatosos accidentes que han costado vidas humanas, pérdidas materiales y caos vial de larga duración que terminan por afectar a todos. Según la estadística más reciente del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, este enero se ha incrementado la siniestralidad, en comparación con enero del año pasado: incremento del 22% de los hechos viales; alza del 39% de las muertes por accidentes, así como del 20% en el número de lesionados. Fueron 154 vidas adicionales perdidas respecto de enero del año pasado. Casi el 60% de incidentes ocurrieron en casco urbano. El 30% de los incidentes se concentran en los ejes viales principales del país, y en los departamentos que funcionan como corredores económicos en la Costa Sur y carretera al Atlántico y al Occidente. Si bien para el otro 70% no se identifica cuáles son las carreteras donde ocurren los siniestros, posiblemente, por ser un patrón bastante disperso y todavía poco analizado, el 44% de los incidentes ocurrieron en el departamento de Guatemala. Seguramente, por ser el nodo a donde vienen a caer todas las rutas. 82% de los incidentes fueron colisiones (47%) y atropellamientos (35%).

De los hechos más preocupantes que hemos visto en los accidentes más recientes es la falta de claridad de cuál es la institucionalidad responsable de la gestión de seguridad vial y el control del tránsito y del parque vehicular. Está muy fragmentada; distintas instancias teniendo algún papel, pero con poca claridad de cómo se articulan entre sí, superan contradicciones, vacíos entre competencias y procedimientos institucionales, y no digamos formular protocolos compartidos que permitan regular todo el ciclo del tránsito desde que un vehículo inicia la movilidad vial hasta que la termina. Es dramático el hecho de que ninguna entidad pueda emitir un informe técnico sobre el terrible accidente acaecido en la entrada a la Ciudad de Guatemala, que cobró la vida de tantas personas, entre ellas niños y niñas.

La clave para reducir este tipo de mortalidad no está en el sistema de salud pública. Allí caen las consecuencias. Se requieren esfuerzos masivos de educación vial, mejorar la regulación y control, mejorar la vialidad y la sanción a infractores, más allá de los pilotos donde esto corresponda. Lamentablemente, el sentir de las personas víctimas de accidentes viales y familiares de víctimas fatales es que intentar obtener el apoyo de las instancias públicas para el tema es como “arar en el mar”. Por eso, la Asociación para la Prevención y Atención de la Seguridad Integral en el Tránsito (Apasit) está impulsando el debate. En ese marco, del 14 al 17 de marzo, en el hotel Radisson se llevará a cabo un encuentro que tiene como lema: “La seguridad vial es responsabilidad de todos”. Participarán asociaciones de familiares de víctimas de 14 países de Iberoamérica y distintas personalidades. Todos tratando de aportar para que el tema entre en agenda pública y se tomen medidas serias para detener esta epidemia.

Es obvio que la prioridad de los políticos y autoridades está en otra cosa; pero en este tema, cada ciudadano, cada conductor sí que tiene un montón que poner de su parte. No podemos seguir en el día a día viendo cómo se atropella a seres humanos solo porque convertimos los vehículos en armas letales.

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