Con extrema preocupación recibí la noticia de que el Censo de Población y Vivienda ya no se llevará a cabo en el mes de abril. El argumento dado por el actual ministro de Economía es poco creíble —se pospone el censo por la consulta popular sobre Belice—. La Consulta Popular diferiría su arranque una semana o dos cuando mucho. Claro, si todo estuviera listo.

Al parecer, ese es precisamente el problema. Consultando con distintos informantes clave, me voy percatando de que, en el trasfondo, lo que parece haber es la persistencia de enormes retos de carácter técnico, logístico, institucional y hasta del recurso humano que ha sido contratado, que hacen casi imposible pensar que podamos tener un Censo bien hecho próximamente. Y si no sale bien hecho, ¿para qué lo queremos? Solo será un enorme desperdicio de dinero público y del tiempo de todos; peor aún, arrojará cualquier cantidad de dato totalmente carente de credibilidad. Es decir, quedaremos en lo mismo que estamos ahora, solo que habiendo desperdiciado cerca de doscientos cincuenta millones de quetzales de dinero público.

Lo más obvio de por qué tener un censo actualizado es que necesitamos saber cuántos somos. Hay prácticamente toda una generación de guatemaltecos y guatemaltecas que nunca ha sido censada, pues nacieron después del 2002. Tampoco sabemos ya cuál es el verdadero número de lugares poblados que hay en Guatemala; sí, esos lugares donde transcurren sus vidas. Por supuesto, un Censo de Población nos sirve para muchísimas cosas más; al sector público en particular, para entender la demanda de servicios que debería proveer; le sirve hasta para mejorar sus mecanismos de control sobre procesos estratégicos, tales como la política fiscal y la asignación del Situado Constitucional, que es la porción de nuestros impuestos que se transfiere año con año a todas las municipalidades del país y que financia en buena medida todavía lo que hacen esas dependencias.

Hace poco, la periodista Vivian Mutz publicó una investigación sobre las “aldeas y poblados fantasma” que alimentan los informes que proveen los alcaldes al INE y que sirven de base para el cálculo del Situado Constitucional. Además de la falta de ética, el carecer de un Censo actualizado de población y de lugares poblados es la base de todas esas distorsiones, donde una parte de esas “aldeas fantasma” son producto de la corrupción, pero otras, de la falta de comprensión acerca de los fenómenos y dinámicas territoriales que han venido ocurriendo en Guatemala a lo largo de los últimos 16 años, fecha del último censo que tenemos.

Es obligado que tanto el Instituto Nacional de Estadística (INE) como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), ente asesor y de soporte a la gestión del Censo, den una explicación pública y fidedigna sobre lo que en realidad está ocurriendo y de lo que se puede esperar sobre su ejecución para los meses por venir (o años). En un tema de Estado de tan altísima importancia y enorme costo financiero para los contribuyentes, hay que garantizar primero que los elementos fundamentales sobre los que descansa su confiabilidad, tales como la cartografía, el tipo de recurso humano contratado para el levantamiento y procesamiento de la información, y la comprensión de las dinámicas territoriales y culturales guatemaltecas (que no son iguales a las mexicanas), están asegurados antes de proceder.

Estoy convencida de que, en este asunto, más vale pasar un “rato colorado”, anunciando su suspensión (como ya le tocó al ministro), y regresar a la mesa de planificación un tiempo más, antes que echar a andar un Censo que no tiene sus pilares bien cimentados.