De lo más positivo que ha pasado recientemente es que la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) se pronunciara públicamente diferenciando su postura institucional respecto de la “procesión de la Vulva” de su posición respecto a la lucha contra la corrupción en el país y evitar así convertirse en instrumento útil para los diputados que querían defenestrar al procurador de los Derechos Humanos. Es evidente que los diputados ven al PDH como una persona ingrata porque supo distinguir que el hecho de ser un funcionario electo por el Congreso no lo convierte automáticamente en su achichincle, especialmente de aquellos claramente posicionados como parte del Pacto de Corruptos.

Por eso quería hacer este reconocimiento explícito a la claridad y madurez política que mostró la CEG en un momento crítico. No mezclaron el sebo con la manteca para desconsuelo de los diputados. Ciertamente no comparto muchas posturas que tiene la Iglesia respecto a los derechos humanos de las mujeres y a los derechos sexuales y reproductivos de las personas en general, pero ello no me impide reconocer el acto de valía de la CEG al clarificar su postura y ponerle así freno a la abierta manipulación que montaron esos diputados con la fe y religiosidad de la gente para atacar a quien consideran su “enemigo político”. Ojalá otras iglesias mostraran ese nivel de madurez y no usaran su enorme influencia para defender lo indefendible y justificar lo injustificable en nombre de Dios.

Pienso que sí hay un papel para las iglesias en la lucha por recuperar al Estado. En primera instancia, limitar el proceder poco ético que de algunos de sus integrantes o de su feligresía manipulando sutil o explícitamente la religiosidad de la gente para fines políticos o de agendas particulares. Concomitante a esa postura es defender la laicidad del Estado como esa cobija que nos permite a todos y cada uno ejercer nuestra libertad de culto y de religión.

Por otro lado, un ejemplo secular de postura coherente la está dando el Procurador: No todos los funcionarios son personas nefastas o peor, parte de facto de las redes de corrupción, sumisos y complacientes con el poder, aun y cuando hayan hecho servicio público en administraciones cuestionadas, o porque han sido electos por cuerpos colegiados de dudosa honorabilidad. Que la sociedad reconozca este hecho —que ha habido y hay servidores públicos honestos y comprometidos— es importante para recuperar la confianza en que las instituciones públicas sí pueden llegar a funcionar a favor del bien común.

Llegará el momento cuando la lucha contra la corrupción deje de centrarse en la persecución penal y pase a ser un proceso de construcción de nueva institucionalidad. Para ello será importante retomar eventualmente una serie de reformas sustantivas, como contar con un cuerpo profesional de Servicio Civil. Este asunto es más que una reforma de ley: implica replantear la institucionalidad, políticas, reglamentos, procedimientos y prácticas que se han vuelto ley sobre la ley vigente, y que hoy por hoy permiten que dominen el compadrazgo y el clientelismo y el tráfico de influencias.

A golpes estamos aprendiendo el alto costo que representa carecer de un servicio público profesional. Es una función tan fundamental y estratégica para la sociedad, que no debería ser puesta en manos de cualquier persona. El Inap (Instituto Nacional de Administración Pública), ahora maltrecho y marginal, debería ser protagónico en el sistema de gestión del Estado, asegurando la formación, profesionalización y certificación continua de las competencias de la burocracia estatal y de quienes aspiran a formar parte de ella.