De acuerdo con el Ministerio Público (MP) en su expediente existe registros de una denuncia que Mejía había colocado en contra de su pareja por ser víctima de violencia contra la mujer.
Mejía está ligada a proceso por parricidio, es señalada de matar al hombre con quien procreó una niña. “Se lo juro, no quería matarlo”, afirmó la joven frente a la jueza Silvia Ruiz. En su relato también aseguró que solo quería protegerse.
Acompañada de su abogado, Carlos Martínez, la mujer, quien quedó ligada a proceso desde hace más de 30 días, decidió que quería declarar, además, Martínez solicitó a la jueza Ruiz que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) revise las heridas que tiene su defendida para confirmar el “historial” de violencia del que habría sido víctima.
Sentada en la sala de audiencias del Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango, Mejía relató que en el 2011 tuvo una amenaza de aborto por los golpes que le daba Barrios, a quien afirmó denunció, pero aunque “estuvo preso” algunos meses, afirmó que siempre regresaba para prometerle que cambiaría, además de amenazarla que le quitaría a su hija. Agregó que la violencia en su contra siguió.
Según el relató el día de los hechos, su esposo la habría obligado a acompañarlo a una “cantina”, donde bebieron, además la obligaría a darle dinero y consumir drogas.
Mejía asegura que el 28 de septiembre de 2019 en Olintepeque, Quetzaltenango, Barrios le indicó que tendría relaciones sexuales con una menor de edad, de 13 años, que era su vecina, lo que provocó que la sindicada quisiera alertar a la adolescente, entonces Barrios habría querido agredirla con un cuchillo y la mujer aseguró que para evitarlo le quitó el arma blanca, pero lo hirió.
“Como vas a hacerle daño, le dije, es como que si fuera mi hija, quise salir corriendo y él me agarró, le pidió a mi hija que le alcanzará un cuchillo y pensé, me va matar, le arrebaté el cuchillo, y le di dos cuchillazos”, Contó.
La señalada asegura que el hombre la agredía con frecuencia utilizando un cuchillo, entonces se quitó la sudadera que tenia y le enseñó a la jueza varías heridas.
El abogado Martínez, expuso a la jueza que solicitó una evaluación forense de las cicatrices que tiene la sindicada, pero el MP pidió que fuera la juzgadora quien accediera a que estas se realizaran.
“Quien realiza la investigación en el proceso penal es el Ministerio Publico, y en el Ministerio Publico rige un principio de objetividad, no solo debe realizar la investigación en contra del sindicado sino también a favor, cuando se ofrezcan medios de investigación. Ante el derecho de defensa que garantiza una igualdad de armas, atiendo a la solicitud”, dijo la juzgadora, quien autorizó la práctica de reconocimiento médico legal.
“La historia de Greisy es la historia de muchas mujeres en Guatemala, una persona que lejos que el estado la protegiera, hace una persecución en su contra, hay denuncias presentadas por violencia contra la mujer, sin embargo el Ministerio Publico jamás hizo las investigaciones pertinentes, la persona siempre estaba libre y se aprovechaba del circulo de violencia, la dependencia económica”, aseguró el abogado defensor.
Claudia Lepe, presidenta del Colectivo de Mujeres de Quetzaltenango, indicó que no puede “defender” a la sindicada, pero puede comprenderla.
“Había una denuncia y quizás daños psicológicos. Al pensar que la violencia se iba a replicar en una niña que ella conocía lo que hizo fue reaccionar violentamente y quitándole la vida, no es lo correcto, ni lo aceptable, sin embargo tendríamos que estar en los zapatos de ella para saber la desesperación que sintió. A esto se suma una ausencia de un sistema de justicia que provocó que ella siguiera en contacto con su agresor”, afirmó Lepe.
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