El pasado 21 de marzo, el ministro de Interior envió una carta a Velásquez en la que le explicaba que esa colaboración es para “la investigación de las estructuras criminales denominadas pandillas, ante la posibilidad de que estas operen en conexión” con cuerpos ilegales y aparatos clandestinos “incrustados en la Policía Nacional Civil”.
Degenhart considera que las pandillas asumen “conductas delictivas conexas” con esos grupos.
“El apoyo de la Cicig en la investigación de las mismas está previsto dentro de los objetivos del Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y las funciones y facultades que éste atribuye a la Comisión”, rezaba el escrito.
La Cicig fue creada en el año 2006 a petición del Gobierno y la sociedad guatemalteca para luchar contra los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), cuyo objetivo ha sido siempre el de “capturar el Estado”, que por definición debería tener como misión generar el bien común y defender los intereses generales.
Medidas contra pandillas
#Ahora | Degenhart del @mingobguate pide al Congreso una reforma al Código Penal para que declare a la Mara 18 y pandilla Salvatrucha como organizaciones terroristas y a #EEUU que los ingresen al listado de la #OFAC. ► Vía @hpocasangre_pl pic.twitter.com/unNCAmGwz3
— Prensa Libre (@prensa_libre) 29 de enero de 2018
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