La tragedia ocurrida el 8 de marzo de 2017 en el Hogar Virgen de la Asunción no parece haber sido una dura lección para el aparato gubernamental, al cual en más de una ocasión se le ha advertido de que las condiciones de vida en algunos de esos centros no son adecuadas y eso pone en riesgo la vida de muchos menores que están bajo la protección gubernamental.

Un nuevo episodio dramático pudo ocurrir antenoche, cuando una protesta más en las casas que sirven de albergue para decenas de jóvenes en la zona 15 desembocó en bochinches, en reclamo de mejores condiciones. El motín empezó por el hacinamiento, la mala comida y el abuso de quienes deben velar por la integridad de los internos, lo cual hubiera sido peor de no haber sido por la oportuna intervención de la Procuraduría de Derechos Humanos, que intercedió para evitar un conflicto mayor.

La escaramuza se prolongó por cinco horas y la tensión se prolongó porque varios de los vecinos de esa zona residencial han denunciado en reiteradas ocasiones que ese no es un lugar para ese tipo de albergues, ni mucho menos para que en esas casas esté recluida una población que supera en mucho la capacidad de los inmuebles.

Por ser viviendas de tres habitaciones, como muchas de las que se construyen en Guatemala, con gran dificultad en uno de esos cuartos podrían ser ubicadas dos personas, pero el mismo subsecretario de Bienestar Social informó que en las dos viviendas están recluidos unos 52 jóvenes, lo cual fácilmente triplica su capacidad, con las consecuencias fáciles de imaginar.

Los internos demandan mejor alimentación, un lugar más amplio y mejores condiciones en esas viviendas, para lo cual, según la intermediación de la PDH, se les fijó un plazo de dos semanas a las autoridades responsables, a fin de que se cumpla también el requerimiento de un trato digno, ante denuncias en contra de los monitores.

Con estos jóvenes bajo resguardo del Estado ocurre lo mismo que con otros de los problemas nacionales a los que las autoridades suelen prometer respuestas inmediatas pero solo se prolonga un deterioro generalizado en muchas áreas, como ocurre con las carreteras, que pese a varios reclamos en presencia del presidente no se ven acciones inmediatas y por ello aumentan las protestas y el descontento.

De hecho, el reclamo de los menores empezó el martes pasado y no se le dio respuesta hasta que las medidas de hecho atrajeron mayor atención de otros sectores, lo que conllevó a la obligada respuesta gubernamental de mejorar sus condiciones e investigar a los responsables de abusos. Esto será difícil porque, como dijo ayer el vicepresidente Jafeth Cabrera, los jóvenes mienten al decir que se les castiga, cuando hubiera sido suficiente que se documentara sobre las sanciones que ya pesan sobre varios de los responsables del cuidado de estos adolescentes.

Uno de los mayores riesgos ante este tipo de hechos es la tendencia de los representantes del Estado a banalizarlos y buscar atribuirles a los jóvenes la responsabilidad de estos o tratar los casos con ligereza, cuando de por medio está la verificación de entidades locales e internacionales sobre la precariedad de esos centros.