Oscar Argueta, jefe del bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza, el más grande del Congreso afirma que el presupuesto tiene problemas técnicos serios y de transparencia, por lo que no tiene el apoyo de esa bancada para la aprobación. Además, considera que las enmiendas deben ser discutidas con el ministerio de Finanzas y la Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia, pero ya no se podrá hacer.
El diputado también confirma “fuertes rumores” sobre el ofrecimiento de pagos para que se apruebe el presupuesto del próximo año, aunque dijo no tener detalles al respecto.
Otra de las bancadas que está en contra del presupuesto planteado para el 2020 es la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, cuyo jefe, Walter Félix, asegura que el nuevo presupuesto podría favorecer a algunas oenegés y habría recursos “escondidos” que tienen fines no claros, lo que generaría un desgaste para el Congreso.
El diputado del Movimiento Reformador, Luis Hernández Azmitia, también considera difícil la aprobación del nuevo presupuesto pese a que ya se habían acordado consensos de forma previa.
Este jueves, 21 de noviembre, al finalizar una reunión con alcaldes electos en Suchitepéquez, el presidente electo Alejandro Giammattei reafirmó su postura de que no se apoya el presupuesto tal como está planteado, pues este debe responder a las necesidades de los guatemaltecos.
“Nosotros lo que estamos pidiendo es la readecuación para que el presupuesto pase el próximo martes. Si lo readecúan y aceptan las enmiendas de curul que vamos a solicitar, vamos a ser los primeros en felicitar al Congreso, pero si no que dejen el que está y yo voy a trabajar con lo que me dejen”, afirmó Giammattei.
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Se alejan
El 20 de noviembre, después de dos intentos de los diputados por aprobar el presupuesto 2020 en tercera lectura, el presidente electo afirmó que tiene de su parte a 25 diputados, pero que ahora son 80, que no aprobarán la propuesta debido a que no es acorde a las necesidades del país.
Este 21 de noviembre, tanto Argueta como Félix afirmaron que la posición de las bancadas, para no aprobar el presupuesto, no fue acordada con Giammattei.
El diputado de la UNE afirmó que se trata de una coincidencia y que no se han tenido conversaciones con el mandatario electo.
Félix también se alejó de un posible acuerdo con Giammattei y dijo que la negativa ante el proyecto de presupuesto es porque no se han conocido las enmiendas que se hicieron al dictamen avalado por la Comisión de Finanzas del Congreso.
“Hay incrementos en Salud y Educación, pero el desglose, el impacto a la atención en niñez y adolescencia es mínimo, hasta se podría decir que hay un retroceso”, aseguró.
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¿Condiciones?
Otra de las situaciones que dificultaría la aprobación del presupuesto es la negociación para integrar la Junta Directiva del próximo año, así como comisiones de trabajo.
Los rumores también señalan que se condiciona el apoyo a la propuesta si se hacen reformas a la prisión preventiva, lo mismo habría pasado con la aceptación de cargos, que ya fue aprobada.
El diputado Leonel Lira, quien preside la mesa técnica que analiza las reformas al Código Penal y Código Procesal Penal para modificar la prisión preventiva, dijo que sobre ese tema solo un diputado presentó una enmienda adicional a las que ya se tenían, la cual considera atinada y objetiva, por lo que no sería esta una condición.
Lira, de la banacada Encuentro por Guatemala, también considera que es mejor que no se apruebe la propuesta de presupuesto debido a que existe una brecha alta entre lo que se proyecta y lo que podría recaudarse, así como hay poca claridad en varios programas.
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Mesa suspendida
La mesta técnica que revisa las enmiendas a la propuesta de ley 5564 para modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal se suspendió este 21 de noviembre, por lo que no fue posible revisar más propuestas de cambio.
La última revisión se hizo el 19 de septiembre cuando se discutieron cinco enmiendas.
La iniciativa de ley presentada en el Congreso es el resultado de una mesa técnica en la que participó el Organismo Judicial, el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública Penal y la Procuraduría de los Derechos Humanos.
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