Algunas muy respetables personalidades del universo opositor apoyan, en buena fe, la candidatura de Henry Falcón para las elecciones de mayo, convocadas por el gobierno Maduro, alegando que el rechazo al gobierno está alrededor del 80%, según todas las encuestas, y que, por tanto, si todos los opositores fueran a votar, la derrota del gobierno sería contundente e imposible de ocultar. Lo cual obligaría al gobierno a aceptar los resultados o a cometer un absolutamente evidente y burdo fraude, creando las condiciones para una fuerte reacción popular y el desconocimiento de la comunidad  internacional.

El argumento es endeble porque es absolutamente irreal que la gran mayoría de los opositores vayan a votar en mayo, cuando todos los partidos relevantes de la oposición y prácticamente la totalidad de la sociedad civil, incluyendo la Iglesia Católica, sostienen que las elecciones de mayo son una farsa. Además la comunidad internacional democrática, cuyo apoyo es existencial para la oposición, también considera que las condiciones en las cuales se dan las elecciones de mayo son inaceptables.

Además, los técnicos electorales de la oposición afirman que para organizar un control electoral aceptable en todo el país, la oposición necesitaría, por lo menos, de unos tres o cuatro meses. También los “participacionistas” alegan que el CNE, controlado por el régimen, es el mismo que en el 2015 “bendijo” la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias, con mayoría calificada de dos tercios.

Sin embargo, me parece evidente que hasta esa derrota el régimen creía que el ventajismo oficial, las trampas locales, el clientelismo descarado y las amenazas a los empleados públicos, entre otras irregularidades, eran suficientes para ganar elecciones, contando los votos más o menos correctamente. A partir de diciembre del 2015, el régimen nombró inconstitucionalmente al Tribunal Supremo, a través del cual desconoció totalmente la Asamblea Nacional, abortó tramposamente el referéndum revocatorio presidencial y eligió una “Asamblea Constituyente”, electa fraudulentamente como se elegían los Soviets en la fenecida URSS y el Congreso de las Corporaciones fascistas de Mussolini.

En las negociaciones de Santo Domingo con la oposición, el régimen no aceptó las garantías mínimas que la oposición y la comunidad internacional le solicitaban para poder participar en unas elecciones. Por tanto me parece también evidente que el régimen ya no está dispuesto a enfrentar a la oposición en unas elecciones libres, limpias y transparentes.

Por otro lado, hay también muy respetables personalidades de la oposición que afirman, también en buena fe, que la salida electoral está absolutamente cerrada y proponen solicitar a la comunidad internacional una intervención humanitaria.

El problema en este caso es que los gobiernos democráticos siempre van a preferir una salida pacífica, electoral y constitucional; por tanto, la oposición no debe cerrar unilateralmente la posibilidad de esa salida, sino debe seguir exigiendo todas las garantías necesarias para poder, en un futuro, participar, lo cual no excluye que se siga solicitando la intervención humanitaria, el aumento de las sanciones y organizar otras actividades de resistencia civil frente al régimen. La historia nos enseña que los caminos para enfrentar las dictaduras son diversos, simultáneos y no excluyentes.

Recomiendo a este respecto estudiar, en particular, los casos de África del Sur y Nicaragua (1979-90).