Asimismo, centenares de campesinos opuestos a la construcción de un canal interoceánico en la zona sureste de ese país centroamericano se sumaron a la marcha, la segunda realizada en Managua en el marco de las protestas que estallaron hace 10 días por una reforma al seguro social.
Las protestas y se extendieron tras la violenta reacción de la Policía, que dejó 63 muertos según la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). El Gobierno sólo reportó 43 decesos.
Aunque Daniel Ortega revocó la reforma del seguro social y accedió a instalar un diálogo con distintos sectores, bajo mediación de la Conferencia Episcopal, hay expectativas de la población porque hasta ahora no se ha informado cuándo iniciarán las conversaciones ni quiénes participarán.
La reforma establecía un aumento en las cuotas de trabajadores y empresas al Seguro Social. Según la norma, los trabajadores aumentarían su aporte mensual al INSS de 6.25 a 7 por ciento, mientras la contribución del sector empresarial subiría 2 puntos porcentuales este año y 1.5 puntos en los próximos dos años, para completar un incremento del 19 al 22.5 por ciento al cierre del ajuste.
Nicaragua atraviesa una crisis que este sábado cumple 11 días, debido a multitudinarias manifestaciones en contra del presidente Ortega, que iniciaron por reclamos a una reforma del seguro social y continuaron a pesar de que el mandatario revocó su decisión, debido a las múltiples muertes causadas por la represión.
La población exige la renuncia de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Nicaragua vive pendiente del comienzo del diálogo que en próximas fechas, todavía sin especificar, protagonizarán el Gobierno y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), con la Conferencia Episcopal (CEN) como mediadora.
Desde que comenzaron las protestas hace una semana, los enfrentamientos violentos que se produjeron en Nicaragua dejaron al menos 42 muertos y un total de 48 desaparecidos, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), mientras que otras organizaciones humanitarias incrementan esta cifra hasta las 63 víctimas.
Los estudiantes nicaragüenses exigieron este sábado la conformación de una comisión internacional para investigar y castigar a los responsables de los 42 muertos que dejaron las protestas contra el gobierno la última semana, como condición para iniciar un diálogo, informaron sus representantes.
“Esta comisión deberá investigar, condenar y sancionar a todos los responsables intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la represión”, demandaron los estudiantes universitarios en una declaración pública.
Los jóvenes proponen que la comisión esté integrada por representantes del no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Corte Internacional de Justica (CIJ), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas (ONU).
Los universitarios rechazaron que los crímenes sean investigados por “la mal llamada Comisión de la Verdad” que el Parlamento, controlado por el oficialismo sandinista, anunció el viernes que formaría con personas notables.
“No aceptamos que los asesinos se investiguen a sí mismos”, repudiaron los estudiantes, tras pedir la disolución de dicha comisión.
Dimite la jefa de la Policía de Nicaragua
La noche de ayer viernes se anunció la sorpresiva dimisión de la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera.
La jefa policial había sido asediada por las críticas en el manejo de la crisis y la represión ordenada contra miles de manifestantes que exigen el fin del régimen de Daniel Ortega Ortega.
Granera se mantenía en su cargo desde el 2006. En sus 12 años al mando de la Policía Nacional de Nicaragua se le ha señalado por corrupción, uso excesivo de la fuerza y complicidad en la entrega del control total de la institución al presidente Ortega, a quien ella llamó “líder supremo de la Policía”.
Investigaciones de medios independientes revelan que durante su mandato creció el patrimonio personal de la ahora exjefa policial, que pasó de vivir en una casa de clase media en la capital, a contar con varias propiedades de lujo en el país.
Ella forma parte de lo que en Nicaragua se conoce como la “burguesía orteguista”.
Obispos darán un mes para que se cumplan acuerdos de un diálogo
La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) anunció que dará un mes de plazo al Gobierno de Daniel Ortega para que cumpla los acuerdos de un eventual diálogo nacional, al que fue invitada como mediadora, y en el que participarían la empresa privada y otros sectores no anunciados, con el fin de superar la crisis sociopolítica que atraviesa el país.
“Al mes de instaurado este diálogo, haríamos un alto para valorar la voluntad, la implementación, y el cumplimiento serio y real, de los acuerdos a los que hayan llegado las partes, (…) si no se están dando esos pasos, informaríamos al pueblo, y les diríamos que así no podemos seguir, que no se pudo”, dijo el presidente de la CEN, el cardenal Leopoldo Brenes.
El religioso hizo el anuncio durante una peregrinación convocada por el clero, tan grande o más numerosa que la del lunes pasado en Managua, cuando cientos de miles de nicaragüenses aprovecharon la ausencia de la Policía Nacional y de grupos de choque del Gobierno para manifestarse pacíficamente contra Ortega.
El diálogo, que no tiene fecha prevista, es la apuesta que tienen los grandes grupos de poder de Nicaragua para solucionar una crisis que en 11 días ya cobró 63 muertos, en su mayoría jóvenes universitarios, y una cantidad de desaparecidos que fluctúa alrededor de los 48, según datos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
