Más allá de intrigas palaciegas y de los palos de ciego de una estrategia gubernamental errática, subsisten asuntos de gran trascendencia y significado acerca de la identidad nacional que quedan relegados, en algunos casos por ignorancia, en otros por aviesos intereses y, en determinados temas, por una confluencia de esos oscuros torbellinos.

Uno de esos asuntos prioritarios, que deberían formar parte de una agenda de Estado, que tendrían que ser parte medular del diálogo político, que representan una verdadera esperanza de futuro para las nuevas generaciones, pero que ha sido tratado de una forma diletante por las autoridades, es el aseguramiento legal y ejecutivo de la preservación de la cuenca El Mirador, en el norte de Petén. Este es un territorio de selva virgen que alberga cientos de sitios arqueológicos, de los cuales al menos 12 son iguales o mayores que la mundialmente famosa ciudad de Tikal, lo cual pone en perspectiva la enorme importancia cultural, turística y ecológica de una zona en exploración.

Existe el plan de una carretera que atraviese este territorio, que entraña en sí misma un riesgo de incalculables consecuencias para esta región, debido a que facilitaría el paso de invasores, depredadores arqueológicos, taladores de bosques y narcotraficantes, que encontrarían en esta vía un verdadero regalo del cielo.

Lo mismo sucede con proyectos de instalación de pistas aéreas en esta región, que posee el último reservorio de selva virgen de Guatemala, con cientos de especies endémicas. Las voces de alerta se elevan porque facilitar accesos a este tesoro mundial sería un grave error de este o cualquier gobierno, por lo cual se necesita una verdadera visión de largo plazo, sin intereses económicos, políticos o comerciales.

Desde esta perspectiva, existe una oportunidad para que el gobierno de Jimmy Morales deje una huella positiva, sin precedentes en la historia de la ecología nacional, al declarar a la Cuenca del Mirador como el primer parque santuario de conservación natural, cuyo sustento provendría de una industria ecoturística asentada en las comunidades próximas, con lo cual no solo se promovería el bienestar de los pobladores, sino que estos se convertirían automáticamente en los principales defensores de ese territorio.

La industria maderera tiene un límite cuando se acaban los árboles. La agricultura en Tierras Bajas tiene un límite de cosechas. La actividad ilícita de tráfico de drogas no representa ningún beneficio para las comunidades, pero la creación de una zona de preservación natural bajo un régimen de santuario natural no solo proveería trabajo, riqueza cultural y conservación del patrimonio, sino que además prolongaría el legado por muchas generaciones.

La Cuenca, de tres mil kilómetros, es compartida con México, por lo cual es factible emprender un esfuerzo binacional, así como se hizo con el área de conservación del trifinio con Honduras y El Salvador, y tanto el Ejecutivo como el Congreso o la Universidad de San Carlos pueden proponer una iniciativa para garantizar la preservación de este santuario, en vez de pavimentar las rutas hacia todo tipo de ilícitos.