Nuestra experiencia vital de lo que es institucionalidad estatal es tan precaria y está tan desdibujada por la embestida monumental de desmantelamiento del Estado que vivimos de 1996 a la fecha, que es casi inevitable encarnar los logros y desaciertos de una gestión en la persona que la encabeza. Mientras más débil la institucionalidad, más figura la persona que está a cargo, sea para bien, como ha sido con Thelma Aldana al frente del Ministerio Público, o para mal, como podría ser en múltiples ejemplos que seguramente le vienen rápido a la cabeza, tanto en este desgobierno como en administraciones previas. El caso es que pocas veces tenemos la oportunidad de aplaudir la salida de un funcionario público y decirle: ¡Gracias por un trabajo bien hecho!, como lo hacemos ahora con la aún hoy Fiscal General de la Nación.

Debo reconocer que, como a muchos, en un inicio la señora Aldana no me inspiró confianza. No solo porque se le anticipaba como la segura designada por Otto Pérez Molina, sino porque su elección ocurrió luego del forcejeo legal que se dio sobre cuál debía ser la fecha correcta de salida de la anterior fiscal general, Claudia Paz y Paz. Ese ambiente enrarecido definitivamente no ayudó.

Sin embargo, y como debe ser, fueron sus actos los que terminaron hablando por ella y, más que nunca, me alegro de haberme equivocado en mi apreciación inicial. Aldana supo leer correctamente el signo de los tiempos y escogió caminar por la ruta de la depuración del Estado y la lucha contra la corrupción. Más allá de su importancia en la geopolítica regional, es más que obvio que esta institucionalidad pública —corrupta y cooptada— ya no hala la carreta.

El MP nos confrontó como sociedad: nos hizo vernos al espejo, reconocer ambiciones y bajezas ocultas detrás de casimires y sedas; masificó la comprensión de la ciudadanía de a pie sobre los mecanismos que operan concretamente detrás del ejercicio del poder, y de la simbiosis perversa que han creado entre lo público y lo privado y que todavía falta revertir. Sobre todo, que le puso nombre y rostro a lo que antes solíamos llamar “poderes ocultos”.

Este “nuevo nivel de conciencia ciudadana” es, en mi opinión, el principal legado no tangible que deposita Thelma Aldana en manos de la señora Consuelo Porras. Bien llevado, le dará una plataforma envidiable a la nueva fiscal general para continuar el fortalecimiento institucional del MP, el proceso de depuración del Estado y la consagrará junto a sus predecesores —Amílcar Zárate, Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana— como constructora de institucionalidad; de un estado de Derecho para todos y de un sistema de justicia que no vele solo por los poderosos.

Quizá su mayor desafío inmediato será no contar con una contraparte efectiva en el Ministerio de Gobernación, como sí la tuvo Thelma Aldana con el ministro Rivas; tendrá que lidiar, además, con un presidente que hace ratos no diferencia entre inmunidad e impunidad, y estará sujeta a innumerables presiones para dar marcha atrás a lo ya andado, para dar giros resueltos o sutiles en el MP que debiliten los procesos en curso o para evitar investigaciones. Con los apoyos correctos, el soporte de la Cicig y la integridad y profesionalismo en su justo lugar, la licenciada Porras tiene la posibilidad de hacer una excelente gestión. Lo bueno es que ya sabemos cuál es el estándar de desempeño que se debe esperar de una fiscal general, y con esa vara será medida.

Doña Consuelo no tendrá mucho tiempo el beneficio de la duda. Demuestre rápidamente que está para construir institucionalidad y continuar la lucha contra la corrupción. ¡Todavía hay mucho por hacer!